El Gobierno popular del Ayuntamiento de Tomares (Sevilla), liderado por José Luis Sanz (PP), ha manifestado este martes su "respeto" ante la denuncia formulada por la Fiscalía contra el concejal de Presidencia de dicho municipio, Eloy Carmona (PP); el concejal de Medio Ambiente, Juan Campos; y la antecesora de este último en el cargo, Mercedes Fuentes. Mientras la denuncia gira en torno a la contratación de Juan Campos, en el pasado mandato, para la elaboración de una serie de informes con cargo a las arcas municipales, el Consistorio niega "irregularidades" y defiende que en todo momento ha mediado "el procedimiento legal" correspondiente a las contrataciones.

El asunto responde a los informes que el Ayuntamiento de Tomares, gobernado por José Luis Sanz (PP), encargó en el pasado mandato a quien actualmente ocupa el área municipal de Medio Ambiente, el actual concejal popular Juan Campos. Según la denuncia inicial elevada a la Fiscalía por los concejales del PA y de IU-CA, se trataba de informes de apenas dos o tres líneas de comentarios y que habrían sido elaborados 'a posteriori', precisamente para justificar el dinero abonado a Campos en el mandato anterior con cargo a las arcas municipales. Las fuerzas de oposición, además, avisan de una supuesta vulneración de las normativas de contratación del sector público, señalando que el contrato firmado entre el Ayuntamiento y Juan Campos fue formalizado en octubre de 2007 por un año "improrrogable", pero los trabajos y pagos se prolongaron hasta 2009.

A través de un escrito fechado el pasado 22 de noviembre y recogido por Europa Press, la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, da cuenta de las diligencias de investigación incoadas a cuenta de la denuncia promovida por los concejales del PA y de IU-CA. "Llegados al punto en el que se concretan posibles hechos de relevancia penal, debe interponerse la oportuna denuncia, a fin de que se siga el procedimiento judicial pertinente. En tal documento, así, Segarra anuncia una "denuncia penal" por posibles delitos de malversación y prevaricación contra el concejal de Presidencia y actual portavoz del PP en la Diputación provincial, el concejal de Medio Ambiente y su antecesora en dicha responsabilidad y actual edil de Cultura.

El ayuntamiento reacciona

El Ayuntamiento, ante esta decisión de la Fiscalía, ha emitido un comunicado en el que muestra su "máximo respeto" por la actuación de la Fiscalía y alega desconocer "las actuaciones seguidas" por dicha institución judicial, "por no haber prestado declaración aun ante la misma", si bien consta en el Consistorio "que se habían solicitado distintos antecedentes de una contratación municipal de la que se han enviado todos los antecedentes existentes precisamente para colaborar en la investigación". Dicha investigación, según el Ayuntamiento, "se refiere a un contrato menor de servicios" que goza de "todos los antecedentes documentales necesarios, como la propuesta de servicios, tramitación y aprobación de la misma, así como todos los actos y documentos necesarios para la aprobación del gasto".

Esgrime el Ayuntamiento, así, un informe emitido el 6 de mayo de 2008 por la Intervención General sobre "la corrección del expediente de contratación", defendiendo que todas las facturas que median en el asunto cuentan con "informes del responsable de área de la prestación del servicio, propuesta de gastos, aprobación de la Delegación de Hacienda y orden de pago, todo ello con los correspondientes documentos presupuestarios en que constan las aprobaciones de la Intervención y de la Tesorería". "No consta irregularidad alguna en el procedimiento de contratación. Se seguía el procedimiento legal", defiende el Consistorio señalando que "no consta" que los funcionarios encargados de este tipo de tramitaciones hayan prestado declaración en las actuaciones.

En ese sentido, argumenta el Ayuntamiento que la denuncia de la Fiscalía se "fundamenta" en las declaraciones judiciales de los concejales denunciantes y de los ex concejales del PP Faustino Rodríguez y Manuel Guerra. "Se trata, por tanto, de adversarios políticos o de personas que precisamente ocuparon puestos de responsabilidad en el gobierno municipal en la época de los hechos y, sin embargo, luego fueron excluidos del mismo o incluso de las listas municipales, por lo que sus testimonios deben ser relativizados". "El Ayuntamiento se personará en la investigación y actuará contra quienes hayan podido realizar cualquier acto de defraudación que perjudique al mismo reservándose todas las acciones judiciales", concluye el Consistorio.