El gobierno local socialista de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha reaccionado a la denuncia que los concejales del PA han presentado este lunes ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial contra el alcalde, el socialista Antonio Gutiérrez Limones, a cuenta del "incumplimiento" de un acuerdo plenario aprobado el pasado mes de junio con el voto unánime de las fuerzas de oposición para modificar una de las ordenanzas fiscales.

Mientras la no ejecución de este acuerdo, según los andalucistas, podría constituir un presunto delito de "prevaricación administrativa por omisión", la portavoz del Gobierno municipal, Miriam Burgos, ha lamentado "la errática escala de prioridades de la oposición con la concejal tránsfuga, que prevén judicializar la política alcalareña en su estrategia para eliminar la competencia política limpia y democrática". "La oposición lleva a pleno propuestas de gestión por la vía de urgencia y sin informes técnicos ni jurídicos que puedan constatar la viabilidad o no de las mismas, pero eso no lo explican porque no les interesa que se sepa. Esas propuestas son para engañar a la ciudad y eso se llama demagogia", dice.

La portavoz municipal explica además que "el único programa político de este acuerdo de siglas es ensuciar la imagen del alcalde". "Lamentamos que la oposición esté judicializando la vida política y ya adelantamos que próximamente vamos a tener otras denuncias de IU y PP dentro de estrategia que continuará hasta el propio día de las elecciones", señala.