Una veintena de entidades unen su voz contra los "recortes" en políticas de igualdad del Gobierno de Extremadura

Un total de 22 asociaciones, sindicatos y partidos políticos que actúan en la comunidad autónoma han suscrito un manifiesto conjunto con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en el que, entre otras cuestiones, critican la "incongruencia" del Gobierno autonómico en esta materia por los "diversos recortes" aplicados en sus políticas de igualdad.

Un total de 22 asociaciones, sindicatos y partidos políticos que actúan en la comunidad autónoma han suscrito un manifiesto conjunto con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en el que, entre otras cuestiones, critican la "incongruencia" del Gobierno autonómico en esta materia por los "diversos recortes" aplicados en sus políticas de igualdad.

En concreto, se refieren a la "desaparición" de los agentes de igualdad en el SEXPE, la "reducción" del presupuesto del Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX) para el 2014, y la supresión de programas específicos dirigidos a mujeres víctimas de violencia de genero que "afectan tanto al apoyo psicológico o a su defensa jurídica".

Los colectivos que suscriben el manifiesto son UGT Extremadura, CCOO Extremadura, PSOE Extremadura, Área de la Mujer de Izquierda Unida de la Asamblea Local de Badajoz, Representantes de la Cumbre Social (EAPN-Extremadura, ACPP-Extremadura), la Secretaría de la Mujer de Socialistas Independientes de Extremadura (SIEX).

También están la Organización Regional de Mujeres Empresarias de Extremadura (ORMEX), Malvaluna, La Asociación de Mujeres Rurales (Fademur), la Federación de Mujeres Progresistas, la Fundación Mujeres, Juventud UPA, la Asociación de la Mujer Rural y su Entorno Social de Extremadura (AMURES), Jóvenes Ugetistas de Extremadura (AUGE), la Secretaría de Igualdad, Sanidad y Dependencia de la Agrupación PSOE Badajoz, la Asociación de Mujeres por la Igualdad de Almendralejo.

Asimismo completan el listado la Asociación de Mujeres de la Izquierda Oliventina (AMIO), la Unión de Juventudes Comunistas de España (UJCE), la Fundación Cultura y Estudios, la Plataforma para la Igualdad de la Comarca de Zafra, y la Fundación Triángulo.

De esta forma, con motivo del Día internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer, los colectivos firmantes del manifiesto subrayan su "repulsa contra todo tipo de violencia machista ya sea ejercida física, psicológica, sexual o económicamente, consecuencia de la desigualdad entre mujeres y hombres por cuanto supone un grave atentado contra los derechos humanos y los derechos fundamentales".

Las entidades firmantes condenan "cada uno de los asesinatos de las 45 mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año", la última este pasado fin de semana, y reclaman "un mayor y más eficaz compromiso de las administraciones, instituciones y de la sociedad civil en general, para la eliminación de este estigma social".

Asimismo, alertan sobre una violencia contra las mujeres que "no cesa e incluso se incrementa en parejas jóvenes", en relación con la advertencia de la Fiscalía de Menores con respecto a un aumento de los casos de violencia de género en adolescentes de entre 15 y 17 años.

También consideran "alarmantes" los datos del Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, que constatan que en 2012 se registraron 128.592 denuncias, un 4 por ciento menos que el año anterior, y que más de 15.000 (un 12,13 por ciento) de ellas fueron retiradas.

Esta situación "pone de manifiesto que la crisis empeora las condiciones para que las víctimas de violencia machista acudan a la justicia".

Protección de las víctimas, PRIORIDAD

Las entidades han criticado que la protección y el apoyo a las víctimas de violencia "no está siendo la prioridad tanto del gobierno nacional como del gobierno" regional, al tiempo que consideran que los esfuerzos y medidas para eliminar la violencia de género "no pueden supeditarse a las fluctuaciones económicas de un país". "Hay que recuperar y aumentar los esfuerzos económicos en inversión de recursos para combatir este grave problema social".

"contradicciones" del gobierno

En este sentido, han puesto de manifiesto Queremos poner de manifiesto las "reiteradas y sucesivas contradicciones" del gobierno de la nación en materia de violencia de género. Por un lado, se establece entre las competencias de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género proponer en la política del Gobierno la necesidad de impulsar la educación en los valores de igualdad y respeto a los derechos fundamentales en colaboración con las Administraciones públicas educativas.

Pero, por otro, en el ámbito educativo "se suprime la asignatura de educación para la ciudadanía y se aprueba la regresiva Ley Wert, lo que supone un retroceso en los necesarios cambios de estereotipos sexistas y educación contra la violencia de género, cuando precisamente nos encontramos ante el alarmante aumento de la violencia contra las mujeres a edades más tempranas".

"Disparidad e incongruencia del Gobierno del estado" que se pone de manifiesto, según los suscribientes, con la aprobación el pasado mes de julio de la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género 2013-2016, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Una "contradicción" porque al mismo tiempo se "recorta y limita los recursos económicos y las vías de atención a las víctimas", así como se plantea la reforma de la Administración Local, que "deja aún más desprotegidas a las víctimas de violencia de género al suprimir el artículo 28 de la norma vigente y desaparecer las competencias municipales de igualdad".

Esta medida va "en contra de lo aprobado por el mismo Gobierno en relación a la necesaria colaboración, a través de los instrumentos jurídicos adecuados, con comunidades autónomas y corporaciones locales para proporcionar asistencia social integral a las mujeres víctimas de la violencia de género, así como a sus hijas e hijos".

La independencia económica, "CLAVE"

También ponen de manifiesto la "incongruencia" del Gobierno de Extremadura, por los "diversos recortes" en políticas de igualdad. Para estos colectivos, la independencia económica de las mujeres es "un factor clave a la hora de salir del abismo de la violencia".

Por este motivo, reclaman el "impulso y desarrollo" del Programa de acción específico de inserción sociolaboral de las mujeres víctimas de violencia de género, así como "un mayor análisis e información estadística", algo que consideran "esencial para evaluar la repercusión de las medidas, en el ámbito laboral, adoptadas por la Ley de Medidas de protección integral contra la violencia de género".

Por otro lado, consideran que también es violencia contra las mujeres "decidir sobre su salud sexual y reproductiva", y en este punto defienden la Ley vigente sobre esta materia y de la interrupción voluntaria del embarazo, y manifestamos nuestro rechazo a modificaciones normativas anunciadas por el ministro de Justicia.

DEMANDAS

Por todo lo anterior, reclaman una serie de medidas entre las que se encuentra la sensibilización e información a las mujeres víctimas de violencia de todos los recursos a su alcance, psicológicos, jurídicos, laborales y económicos.

Otra propuesta pasa por aumentar la inversión en igualdad entre mujeres y hombres, con el fin de eliminar las "múltiples barreras sociales, laborales y económicas, que siguen encontrando las mujeres en los ámbitos públicos y privados, a nivel local, autonómico y nacional".

Recuperar y reforzar las acciones en el ámbito educativo contra la violencia de género, y de forma prioritaria en la infancia y adolescencia, es otra de las demandas, como asimismo piden que la sensibilización contra los "estereotipos sexistas" en los medios de comunicación y redes sociales.

Por último, piden una mejora de la colaboración entre todas las administraciones competentes, con el fin de coordinar las actuaciones del conjunto de profesionales implicados en el tratamiento de las víctimas de la violencia de género, entre ellos los sanitarios, servicios sociales, cuerpos policiales y de seguridad, judicatura, fiscalía, servicios de empleo, entre otros.

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