La Audiencia de Valladolid ha acordado imponer una pena de tres años de cárcel y 8 de inhabilitación al alcalde de Arroyo de la Encomienda, José Manuel Méndez, por delitos de cohecho y prevaricación, y también al presidente del grupo Mahía, Ramón López Casal, a otros tres años de privación de libertad y siete de inhabilitación como inductor de un delito de prevaricación y autor de un delito de cohecho, así como al arquitecto municipal, Benaventura Conde Salazar, condenado por cooperador necesario en el delito de prevaricación, por lo que se le ha impuesto siete años de inhabilitación.

El fallo, de más de 150 páginas, de la sala que preside Feliciano Trebolle, cuatro meses después de que el juicio quedara visto para sentencia, considera al regidor responsable de un delito de de cohecho y de otro de prevaricación y resuelve imponerle tres años de cárcel, dieciséis de inhabilitación para empleo o cargo público y el pago de una multa de 132.000 euros, al tiempo que decreta el decomiso de la casa de Vilagarcía de Arousa, tasada en 87.400 euros, que obtuvo gratuitamente del grupo gallego Mahía por facilitar su expansión en el municipio.

La Audiencia vallisoletana condena a Méndez por vulnerar la legalidad de forma "patente, relevante y clamorosa" al dar luz verde en 2005 al Estudio de Detalle presentado por Mahía respecto del Sau-13 de Arroyo con el fin de permitir a la mercantil edificar allí, así como por recibir de esta empresa, de forma gratuita por sus servicios, una vivienda en Vilagarcía de Arousa y 30 millones de las antiguas pesetas destinados a corromperle, aunque le absuelve de la percepción de este último importe por prescripción del delito.

Además de la condena del regidor, que ha quedado absuelto de otros dos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación de los que venía siendo acusado, el tribunal impone al presidente de Mahía, Ramón López Casal, tres años de cárcel, multa de 132.000 euros y siete de inhabilitación por un delito de prevaricación, en calidad de inductor, y otro de cohecho, si bien ha quedado absuelto de otro de prevaricación y dos más de cohecho.

Entre los condenados figura igualmente el arquitecto municipal de Arroyo, Buenaventura Conde Salazar, cooperador necesario de un delito de prevaricación que le reportará siete años de inhabilitación—ha sido absuelto de otro delito de idéntica naturaleza—, mientras que han quedado libres de todos los cargos el exdelegado de la Junta y exedil y diputado del PP, Jesús García Galván; el también socio de Mahía, José Presas Zobra, y la apoderada de dicha mercantil en Valladolid, María Iluminada Miguel Fernández.

De entre los absueltos, llama la atención que el tribunal sentenciador absuelve a García Galván del delito de prevaricación que se le imputaba, al no apreciar conducta delictiva alguna, y también le absuelve de un cohecho activo pese a sí considerar probado que Mahía pagó en abril de 2004 sus servicios con un chalé en Mugardos (A Coruña) valorado en 148.000 euros, delito que, tal y como precisa la sala, habría prescrito.

Recurrible al supremo

La sentencia condenatoria no es firme puesto que contra el mismo cabe la presentación de recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El fiscal y la acusación popular, ejercida por la Asociación de Vecinos de Arroyo Siglo XXI, habían solicitado para el regidor de Arroyo, José Manuel Méndez, un total de diez años de cárcel, inhabilitación por veintisiete años y multa de 316.720 euros por dos delitos de cohecho (del artículo 419 del Código Penal), otros tantos de prevaricación y uno de malversación, mientras que Jesús García Galván, por delitos de cohecho y prevaricación urbanística, estaba expuesto a una condena de tres años, dieciocho de inhabilitación y multa de 316.720 euros.

En cuanto al resto de imputados, las acusaciones habían solicitado para Ramón López Casal y José Presas Zobra, representantes de la empresa gallega Mahía Grupo Inmobiliario S.L, penas de catorce y dos años de cárcel, respectivamente, junto con el pago de multas, por el mismo orden, de 851.500 y 180.000 euros.

Además, para el arquitecto municipal de la localidad, Buenaventura Conde Salazar, habían pedido dos años de prisión y veintisiete años de inhabilitación y para la apoderada de Mahía en Valladolid, María Iluminada Miguel Fernández, tres años de prisión y el pago de 174.800 euros de multa, así como inhabilitación durante nueve años.

La sentencia otorga al alcalde independiente de la localidad, procedente de Galicia y en la etapa investigada bajo las siglas del PP, un papel primordial en la trama montada, en el sentido de que las relaciones que éste mantenía con Ramón López Casal antes de recalar en Arroyo habrían sido aprovechadas por los dos para sacar rédito de las distintas operaciones urbanísticas desarrolladas por Mahía en el municipio a partir de 1999, primero cuando Méndez ocupaba la Concejalía de Deportes y Medio Ambiente y, sobre todo, a raíz de su posterior acceso a la Alcaldía.

A lo largo del juicio se analizaron, entre otras cuestiones, un supuesto préstamo de 30 millones de las antiguas pesetas—en realidad un regalo—concedido por Mahía al alcalde de Arroyo, así como una vivienda, gratuitamente, en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) tasada en 87.400 euros, además del regalo realizado por éste, sin expediente alguno, de unos columpios usados, tasados en 2.000 euros y propiedad municipal, al municipio de As Nogais, su lugar de procedencia y donde fue concejal por el Bloque Nacionalista Galego, aunque la Audiencia Provincial entiende no delictivo este último hecho.

En cuanto al que fuera en aquella época delegado territorial de la Junta y presidente de la Comisión Territorial de Urbanismo, Jesús García Galván, quien días antes del juicio dimitió de sus cargos de portavoz del PP en la Diputación y de concejal en el Ayuntamiento de la capital, los acusadores le imputaban haber recibido un regalo en forma de chalé, concedido por Mahía, en el municipio gallego de Mugardos, de 196 metros cuadrados y valorado en 148.000 euros, por gestiones realizadas en favor de la empresa respecto de distintas operaciones urbanísticas.

Un exsocio de mahía,

Principal prueba de cargo

El proceso judicial tuvo como principal prueba de cargo de las acusaciones el testimonio aportado por el que fue socio fundador de Mahía en 1989 Manuel Gómez Maroñas, quien aseguró que el alcalde José Manuel Méndez percibió "cantidades salvajes" de mordidas de la promotora gallega por los favores prestados a ésta en su expansión urbanística por el municipio y otros de Castilla y León.

Con un discurso absolutamente hostil a los intereses de las defensas, fundamentalmente del primer edil y del presidente de Mahía, Ramón López Casal, amigo desde la infancia del declarante pero hoy enfrentados ambos por cuestiones de índole económico, Gómez Maroñas llegó a sentenciar que Mahía no consideraba a Méndez alcalde sino "uno de sus mejores colaboradores y lanzadera" de sus negocios de promoción urbanística en Arroyo de la Encomienda y la provincia de Salamanca.