El incumplimiento de este deber legal supondría incurrir en un delito de prevaricación (dictar a sabiendas una resolución injusta) y, en el caso de los jueces -que también están obligados a cumplirlo- puede implicar la pérdida de destino, la separación temporal del cargo o su suspensión definitiva.
En un Estado de Derecho "no vale anteponer la conciencia, los jueces están regidos por el principio de legalidad", indicaron fuentes judiciales. Y ocurre igual con los alcaldes.
La objeción de conciencia, que no está regulada por ley, es la razón aducida por varios alcaldes para negarse a casar a personas homosexuales cuando se apruebe el proyecto de ley por el que se modifica el Código Civil para legalizar estos matrimonios civiles.
Añadieron que "no son comparables" los supuestos de aquellos médicos que se niegan a practicar abortos, alegando la mencionada causa. Si un juez esgrime el motivo de la objeción de conciencia tiene únicamente dos soluciones: concursar y marcharse "a uno de los cientos de destinos que hay sin registro civil" o bien incurrir en un grave delito.
La legislación lo dice
El artículo 49 del Código Civil afirma que cualquier español podrá contraer matrimonio dentro o fuera de España: ante el juez, alcalde o funcionario señalado por este Código.
En su artículo 51 reza que será competente para autorizar el matrimonio: el juez encargado del Registro Civil y el alcalde del municipio donde se celebre el matrimonio o concejal en que éste delegue; en los municipios en que no resida dicho juez, el delegado designado reglamentariamente; y el funcionario diplomático o consular encargado del Registro Civil en el extranjero.
Las mismas fuentes explicaron que las personas contrarias a celebrar estas uniones tampoco pueden acogerse al artículo 16 de la Constitución (que garantiza la libertad ideológica y religiosa), dado que se trata de matrimonios civiles, "sin incidencia en el ámbito religioso".




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