Un 4,3 por ciento de las jóvenes universitarias reconoce que ha sufrido malos tratos por parte de sus parejas y un 11,7 por ciento asegura que ha mantenido relaciones sexuales contra su voluntad, según los datos aportados este viernes por la secretaria de Igualdad de UGT en Castilla y León, Beatriz García, quien ha informado además de que un 10,8 por ciento de los universitarios ha afirmado que ha protagonizado algún caso de maltrato, control abusivo, aislamiento o agresión verbal a su pareja.

García ha puesto sobre la mesa el Estudio 'La juventud universitaria ante la igualdad y la violencia de género', realizado por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género y doce universidades en 2012, según el cual el 9,4 por ciento de las universitarias cree que los hombres agresivos son más atractivos mientras que el 20 por ciento de los varones considera que "cuanto más agresivo más atractivo resulta".

"Los jóvenes, lejos de alejarse de estos comportamientos, están siguiendo los pasos de los maltratadores adultos", ha lamentado García, quien ha advertido a este respecto del "alarmante" incremento de los casos de violencia de género entre los jóvenes como constata, además, la Fiscalía de Menores que ha evidenciado el incremento de las causas judiciales por razón de violencia de género en adolescentes de entre 15 y 17 años.

Por otro lado, hasta el 31 de octubre ha habido 214 llamadas al 016, un 34 por ciento más que el año anterior, un 67 por ciento por parte de la víctima y un 33 por ciento de otros en su mayoría familiares y personas allegadas lo que la sindicalista ha atribuido a la desaparición del número de teléfono en la Comunidad y la inclusión en el número específico y sin rastro en la factura.

García también ha calificado de "alarmantes" los datos del Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial que constatan que el pasado año se produjeron en Castilla y León un total de 4.132 denuncias, un 13 por ciento menos que en 2011 de las que el 15,7 por ciento fueron retiradas.

Recortes de los gobiernos

"Esta situación pone de manifiesto que la crisis empeora las condiciones para que las víctimas de violencia machista acudan a la Justicia", ha considerado la secretaria de Igualdad de UGT en Castilla y León, que ha cuestionado a este respecto que la proyección y el apoyo a las víctimas no está siendo una prioridad del Gobierno con unos recortes del 1,5 por ciento en el presupuesto de lucha contra la violencia de género respecto a 2013 y del 22,5 por ciento desde 2008.

En el caso de Castilla y León, los presupuestos para la promoción y apoyo a la mujer se han reducido desde 2010 un 42,75 por ciento al pasar de 12,22 millones a 7.

García ha puesto de manifiesto estos datos ante la celebración el próximo 25 de noviembre del 'Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres', un acto que ha compartido con la secretaria de Igualdad de CC.OO en Castilla y León, Rosa Martínez, quien ha advertido del déficit de valores de respeto e igualdad hasta llegar a convertir como "algo normal" actos de violencia repetidos muchas veces.

Martínez ha lamentado las carencias en el ámbito educativo y ha apostado por incluir un apartado en las escuelas para reforzar esa educación en valores, como sucedía con la asignatura de Educación para la Ciudadanía ahora eliminada. "Hay que educar en diversidad y no de forma dirigida", ha insistido la sindicalista, para quien es necesario que la sociedad esté "en pie de guerra" ante la "lacra" que suponen los actos de violencia contra las mujeres.

La secretaria regional de Igualdad en CC.OO ha cuestionado también que las medidas de las distintas administraciones se queden sólo en papel sin que se lleven a la práctica de forma efectiva por lo que ha aprovechado la ocasión para reclamar el desarrollo reglamentario de la Ley contra la violencia de género en Castilla y León que tendría que haber finalizado hace dos años.

Del mismo modo, ha reclamado la convocatoria de la mesa de seguimiento y desarrollo del Acuerdo sobre violencia de género alcanzado en el Diálogo Social y la puesta en marcha de las unidades de valoración integral del riesgo "necesarias para la adecuada atención, prevención y protección de las víctimas de la violencia de género".