El pleno del Congreso ha aprobado este jueves el dictamen de la Comisión sobre el proyecto de ley orgánica de control de la deuda comercial en el sector público, que obligará a las administraciones públicas a pagar las facturas a sus proveedores en 30 días.

El proyecto de ley ha salido adelante con 184 votos a favor, 120 en contra y una abstención, mientras que han sido rechazadas las tres enmiendas a la totalidad y las 83 parciales planteadas por la oposición. En el debate, los portavoces del PP y UPyD se han mostrado a favor de ese dictamen, mientras que los del PSOE, Izquierda Plural, CiU y ERC, que también son partidarios de pagar las facturas sin morosidad, han anunciado su voto en contra.

Ana María Madrazo, del PP, ha defendido que la ley pretende un "cambio radical" de las administraciones públicas, "haciéndolas menos costosas y al servicio de los ciudadanos, más dispuestas" a rendir cuentas. En su opinión, se trata de una reforma estructural y de gran calado, que permitirá acabar con las facturas no contabilizadas, ni pagadas, al obligar a todas las administraciones a pagar en 30 días.

Ha añadido que avanza en el objetivo de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las administraciones, con mecanismos de control "adecuados" y medidas para hacer cumplir los plazos, porque las administraciones "no pueden vivir permanentemente a crédito".

El diputado del PSOE Pedro Saura ha considerado que la ley es más dura con las comunidades autónomas y las corporaciones locales, cuando también hay ministerios con facturas en los cajones sin pagar "desde 500 días". A su juicio, "no se va a poder cumplir" y ha añadido que la Comisión Europea ha hecho "una enmienda a la totalidad" a los presupuestos del Gobierno para 2014 y le ha dicho que hace leyes "con rigor presupuestario, que luego no cumple", como la de estabilidad presupuestaria, los objetivos de déficit o la lucha contra el fraude, y como ocurrirá con esta norma.

Antoni Picó, de CiU, ha asegurado que si las administraciones territoriales no pagan a los proveedores es porque no pueden y ha rechazado que se vincule el cumplimiento de la ley con medidas coercitivas o la retención de recursos económicos por parte de la administración central.

El diputado de Izquierda Plural Ricardo Sixto ha precisado que esta "ley escoba" es "perversa", al primar los pagos sobre las inversiones, especialmente en el caso de las corporaciones locales, a las que obliga, si tienen superávit a destinar ese dinero al pago de la deuda en vez de a invertir en su municipio.

Álvaro Anchuelo, de UPyD, ha señalado que ven con "buenos ojos" este proyecto de ley en su "lucha contra la morosidad", así como sus "mecanismos coercitivos", por lo que, aunque no es su modelo, votarán a favor.

El diputado de ERC Alfred Bosch ha considerado que la norma es recentralizadora, invade competencias y no mejorará la liquidez para los proveedores ante la imposibilidad de conseguir financiación por parte de la mayoría de las comunidades y de los ayuntamientos.

Carlos Salvador, de UPN, que ha señalado que la norma "tal y como está" no es de su agrado, se ha mostrado a favor de que complemente la estabilidad presupuestaria, pero ha pedido más flexibilidad para la inversión del superávit de los ayuntamientos y en los plazos de intervención si se incumplen los plazos.