El PP critica que 1.000 librerías de la provincia se ven afectadas por los impagos de la Junta del Cheque-Libro

Un millar de librerías de la provincia de Córdoba "se encuentran afectadas por los impagos" de la Junta de Andalucía de su propio programa del 'Cheque-Libro', ya que, según ha criticado el PP cordobés, el Gobierno andaluz "debería haber abonado el 80 por ciento de este cheque en agosto y el 20 por ciento restante en septiembre, sin embargo, el grado de ejecución de los 43 millones de euros presupuestados en 2013 para tal fin es de cero".
Arcas (centro) en la reunión con responsables de Aplico
Arcas (centro) en la reunión con responsables de Aplico
EUROPA PRESS/PP
Arcas (centro) en la reunión con responsables de Aplico

Un millar de librerías de la provincia de Córdoba "se encuentran afectadas por los impagos" de la Junta de Andalucía de su propio programa del 'Cheque-Libro', ya que, según ha criticado el PP cordobés, el Gobierno andaluz "debería haber abonado el 80 por ciento de este cheque en agosto y el 20 por ciento restante en septiembre, sin embargo, el grado de ejecución de los 43 millones de euros presupuestados en 2013 para tal fin es de cero".

Según ha informado el PP, estos datos se han analizado en la reunión mantenida entre la coordinadora de Educación del PP de Córdoba, Luisa María Arcas, y responsables de la Asociación de Papelerías y Librerías de Córdoba (Aplico), en la que Arcas ha afirmado que la Junta de Andalucía "debe una media de 30.000 euros a cada una de las librerías de la provincia de Córdoba que comercializan libros de texto".

La dirigente popular ha destacado que "estas empresas, la mayoría pymes, ha tenido que hacer frente ya al 80 por ciento del Cheque-Libro a las editoriales que las proveen de libros de texto, por lo que muchas han tenido que pedir pólizas" de crédito.

La situación es tal, según ha señalado Arcas, que, "a pesar de que la venta de libros de texto supone el 50 por ciento del volumen anual de ventas de una librería, hay muchas librerías que han dejado de comercializarlos debido a la situación insostenible creada por la Junta". Acogerse al programa del 'Cheque-Libro' es obligatorio para todas las librerías andaluzas que comercializan libros de texto, "a pesar de los impagos y de que el beneficio para la librería en cada libro vendido desciende del 25 por ciento al 10 por ciento", según ha detallado Arcas.

Esta situación ha provocado que en el último año "unas 25 librerías hayan echado el cierre en la provincia" de Córdoba, ya que "los programas estrella de la Junta de Andalucía los estamos sosteniendo los empresarios regalando libros de texto y poniendo en peligro nuestros negocios", según se ha asegurado desde Aplico.

Este es un ejemplo, según ha indicado la dirigente popular, "de la falsa política de ayudas a las familias de la que presume Susana Díaz; primero recorta el presupuesto para la gratuidad de los libros de texto y los pocos que renueva no los paga, sin importarle las condiciones en las que se encuentren los ejemplares con los que tiene que estudiar el alumnado andaluz".

Por su parte, el portavoz de Aplico, Juan Francisco Dios Losada, ha recordado que en el curso 2010/2011 la Junta ya comenzó a no renovar completamente los libros de texto de Secundaria que por calendario de programación les correspondía para garantizar la gratuidad de los libros texto, "suponiendo un recorte encubierto para las familias".

Ha añadido que el curso pasado 2012/2013 "continuaron con esta política, repitiendo la decisión", y finalmente, para este curso de 2013/2014 "también han dejado sin renovar los libros de Cuarto de ESO, que van a contar ya con seis años de vida sin haber sido renovados y en muchos casos en condiciones lamentables".

El portavoz de Aplico ha explicado que en Primaria se han renovado solo los de Primero y Segundo, "porque son fungibles", pero no han sido renovados para este curso los de Quinto y Sexto, "que sí estaban estipulados en el calendario de renovación para el curso 2013/2014".

Dios Losada ha concluido criticando que la política de ayuda a las familias sea una "política de fachada", ya que "los planes para ayudar a las familias son positivos, pero no cuando los tenemos que pagar los empresarios poniendo en peligro nuestros puestos de trabajo y negocios".

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