El Pleno de la Diputación de Córdoba ha aprobado este jueves una proposición del gobierno del PP en la institución provincial, que ha contado con el respaldo de los propios diputados provinciales populares y también de los de Unión Cordobesa (UCOR), y el voto en contra de PSOE e IU, mediante la que se ha establecido que la Diputación no adelantará más dinero en 2014 para Ayuda a Domicilio si la Junta de Andalucía no compromete el pago correspondiente.

La moción aprobada también incluye "solicitar a la Junta de Andalucía una mayor diligencia en los compromisos adquiridos en cuanto al pago del convenio de Ayuda a Domicilio con esta Diputación", la cual, según el texto aprobado, "no adelantará ningún importe del convenio para 2014, de no recibir, antes del 31 de diciembre, resolución expresa de la cantidad a percibir como pago de dicho convenio por la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía".

Junto a ello, se ha acordado que, "si fuera necesario", se proceda "a la denuncia del convenio, una vez abonada toda la deuda pendiente, y propiciar, en su caso, un nuevo acuerdo que garantice mecanismos de pago ciertos, evitando así los perjuicios a los ayuntamientos, beneficiarios, empresas y trabajadores que prestan la Ayuda a Domicilio".

Finalmente, la proposición aprobada prevé "la posibilidad, si así lo requieren las circunstancias, de reclamar por vía judicial a la Junta de Andalucía la deuda contraída" con la Diputación, que ahora remitirá estos acuerdos a "los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes de la provincia y al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía".

Por otro lado, el Pleno también ha aprobado este jueves otra moción del PP, en este caso por unanimidad, mediante la cual se insta a la Junta de Andalucía a que habilite "la dotación presupuestaria necesaria para la terminación de la carretera de Monterrubio de la Serena a Valsequillo", en el Norte de la provincia. El acuerdo adoptado, además, insta a la Junta a "la reanudación y finalización de forma urgente de dicho tramo, iniciado e interrumpido en su ejecución desde 2011".

Contra la corrupción

De igual forma, el Pleno ha aprobado una moción contra la permanencia en cargos públicos de quienes han sido condenados por corrupción política. En concreto, ha salido adelante con los votos a favor del PP, PSOE, IU y del diputado provincial de UCOR Carlos Baquerín, que ha sido quien ha presentado la moción, a la cual solo ha votado en contra el también diputado provincial de UCOR y líder de dicho partido, el empresario Rafael Gómez, que es uno de los condenados en el juicio de la operación Malaya.

La proposición aprobada incluye en sus acuerdos instar al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, a que adopte medidas legislativas contra la corrupción política, pidiéndole que, "en base a la necesaria protección del orden democrático y la paz social, promueva con carácter urgente la reforma de la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal y de la Ley Electoral, de modo que se impida el ejercicio de cargo público o la concurrencia en listas electorales a cualquier persona condenada por un delito de corrupción vinculado a la Administración pública, en especial a la Administración local".

Además, la institución provincial ha aprobado considerar, "desde un punto de vista ético y político, y moralmente exigible, que cualquier diputado provincial de la Diputación de Córdoba que resulte condenado por un caso de corrupción política vinculado con la Administración pública, renuncie a su acta de diputado, en beneficio de la misma institución provincial y de la legitimidad democrática y representativa".