Patricia T. (Madrid, 25 años) volvió a su casa hace dos años frustrada y con rabia. A pesar de haber reunido a casi un centenar de personas, ni ella ni sus compañeros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y las asambleas populares de Hortaleza y Manoteras habían logrado detener el desachucio de Azucena y su familia. El "lanzamiento", como se conoce en argot legal, tuvo lugar el 11 de noviembre de 2011. El piso pertenecía a la Empresa Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento de Madrid.

Lo que no se esperaba es que, horas más tarde, dos agentes de la Policía Nacional fuesen a detenerla a su casa por la supuesta agresión a un antidisturbios de la Policía Municipal. Su asombro fue a más cuando tuvo que pasar la noche en el calabozo y resultó fichada en la comisaría de Moratalaz. En septiembre de este año, llegó el auténtico mazazo: el fiscal solicitaba para ella dos años de prisión por atentado a la autoridad, otro más por un delito de lesiones y 8.900 euros de multa en concepto de indemnización por las secuelas que el policía asegura sufrir aún hoy.

Patricia, que entonces tenía 22 años, lo recuerda con enfado: "Nos sentamos en el portal y entrelazamos los brazos. Fue una resistencia pasiva, no activa. Los antidisturbios nos avisaron y luego nos sacaron uno a uno, tirando por las piernas y los brazos. Después, nos pidieron el DNI a unos cuantos. Vino la comisión judicial, gritamos consignas y ya está. Me tomé algo en un bar y luego me marché a casa".

Como ella, otros asistentes que presenciaron y grabaron los hechos confirman la ausencia de incidentes o forcejeos; muchos menos, de cargas contra los manifestantes, como sí ha ocurrido en otras ocasiones. ¿Por qué fue Patricia denunciada entonces?

"Estaba agarrada a mi compañero. Me levantaron entre varios policías y me sacaron del grupo. Uno de los agentes, que llevaba la cara completamente tapada con una braga, tropezó y cayó. Se cabreó mucho y empezó a gritar '¡Dejádmela a mí!'. Sus compañeros se lo tuvieron que llevar. Yo estaba acojonada porque pensé que iba a hacerme algo", relata.

En su escrito de acusación, el fiscal —figura que representa al Estado en los procesos— pide 3 años de cárcel para Patricia, que no tiene antecedentes. La acusación particular, es decir, el agente afectado, demanda un año por atentado, 4 meses por las lesiones y 7.200 euros de multa, lo que equivale a 98,6 euros por cada uno de los 73 días que estuvo de baja.

Según figura en los partes médicos que ha aportado al proceso, padeció dolores en el codo compatibles con la rotura de uno de los huesos que forman la articulación. En su alta médica, sin embargo, el doctor hizo constar que era un esguince, lo que rebajaría mucho la posible condena a Patricia.

El afectado cuenta con la declaración de sus compañeros y con su presunción de veracidad. En igualdad de condiciones, su palabra vale más que la de cualquier por el hecho de ser funcionario público y autoridad. Patricia tiene testigos de lo que no pasó, es decir, de la no-agresión, pero ninguna cámara que grabase la secuencia completa. Además, ni siquiera sabe si quien le ha denunciado es el policía que la amenazó: "No le vi la cara. Imagino que es él, pero no lo sé".

Por eso, el malestar de esta estudiante aumenta cuando se le pregunta por la nueva Ley de Seguridad Ciudadana que prepara el Gobierno. La normativa establece multas de entre 1.001 y 600.000 euros por hacer escraches, insultar a la policía o concentrarse ante instituciones públicas.

"Ahora ya se inventan cualquier cosa para denunciarnos. No les ha hecho falta una nueva ley para pedirme tres años de cárcel,  pero imagino que quieren tenerlo todo bien atado. Lo que me ha pasado a mí le ha ocurrido a mucha más gente. Me da la impresión de que van a buscar a quienes tengan antecedentes para denunciarles y que no vuelvan a salir a protestar. Yo he ido a varias manifestaciones desde aquello, pero muchas menos que antes. No me expongo. Voy con cuidado", confiesa. Y concluye: "Nos van a seguir metiendo miedo y quitando derechos mientras nos dejemos".

Patricia prefiere no mostrar su rostro, por el momento, hasta que se celebre el juicio. Mientras, sus amigos han abierto un grupo de apoyo para recaudar donaciones y hacer frente tanto al proceso judicial como a la posible sanción. Las contribucione spueden realizarse a través del blog 'Solidarios en apuros', de la página de Facebook 'Solidaridad con Patricia' y desde la plataforma de microdonaciones Teaming.