La Audiencia de Málaga ha iniciado la ejecución de la sentencia del caso 'Ballena Blanca', contra el blanqueo de capitales, y ha instado a los cinco condenados, entre ellos el letrado Fernando del Valle, a que paguen las responsabilidades económicas impuestas. Se acuerda también pedir al fiscal que se pronuncie sobre la suspensión de la ejecución de la pena a la que fue condenado el abogado hasta que se resuelva la petición de indulto.

Así se señala en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, dictado por la Sección Segunda de Málaga, que en marzo de 2011 condenó a Del Valle a seis años y tres meses de prisión por un delito continuado de blanqueo de capitales y otros contra la Hacienda Pública. Asimismo, condenó a otras cuatro personas y absolvió a 14 acusados. La defensa del letrado y otros procesados presentaron recurso de casación contra dicha resolución.

En enero de este año 2013, el Tribunal Supremo notificó la sentencia en la que resolvía los recursos presentados por cuatro de los procesados y revocó en parte la primera resolución, rebajando la condena impuesta al letrado a cinco años y medio de cárcel por un único delito de blanqueo de capitales y por otro contra la Hacienda Pública. Además, se le impuso el pago de una multa de 1,2 millones de euros.

En primer lugar, la Sala de Málaga acuerda declarar la firmeza de la sentencia, con las modificaciones introducidas por el Supremo, quien rebajó la pena de prisión a la que fueron condenados Del Valle y otros tres acusados, como son Sophian Hambli y el matrimonio Voutilainen —estos tres pasaron de tres años y tres meses de prisión a dos años—. Tras acordarse la firmeza, se abre la correspondiente ejecutoria.

Se pide a los cinco condenados que paguen las responsabilidades económicas y se levantan las medidas cautelares que quedaran sobre los procesados que fueron absueltos. También se acuerda la adjudicación al Estado de varios bienes intervenidos, como 209.940 euros de Hambli, dos viviendas y dos garajes propiedad de una empresa vinculada al anterior, otra finca de una sociedad relacionada con el matrimonio y dos vehículos.

Respecto a Del Valle, se resuelve unir al procedimiento de ejecución el escrito remitido el pasado mes de junio en el que se comunica la presentación de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y se pide al ministerio fiscal que se pronuncie sobre si se debe suspender o no la ejecución de la condena del letrado hasta que se resuelva el indulto solicitado. Una vez informe la acusación pública, la Sala decidirá.

Asimismo, se ordena que parte del dinero intervenido al abogado, en concreto 101.800 euros, así como las cantidades bloqueadas en la cuenta de una de las sociedades vinculadas a él, se aplique para pagar la indemnización a la Agencia Tributaria a la que fue condenado por un delito contra la Hacienda Pública y que asciende a 342.785 euros.

La Audiencia consideró que Del Valle usaba un sistema para facilitar inversiones a través de sociedades creadas en España y participadas por otras del estado norteamericano de Delaware, que permitía a los clientes "asegurarse su anonimato", pero señaló que no constaba que, aparte de dos operaciones por las que se le condenó, pusiese este sistema "al servicio de individuos relacionados con el crimen organizado para ocultar ganancias de actividades ilícitas".

La investigación reveló que el letrado tenía participación en 194 sociedades extranjeras. De éstas, 143 eran en Delaware y 39 de territorios considerados paraísos fiscales —de ellas 25 de Gibraltar, tres en la Isla de Man, tres en Panamá y dos en Islas Vírgenes Británicas—. El Tribunal solo vio delito en dos de las conexiones que fueron investigadas en esta causa, como son las relacionadas con Habli y con el matrimonio.