El consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Ricardo Oliván, ha asegurado que no se ha cumplido "ninguno de los augurios" que se habían hecho por parte de diferentes partidos y colectivos respecto a la entrada en vigor del real decreto ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejora de la calidad y seguridad de sus prestaciones.

En una comparecencia ante la Comisión de Sanidad de las Cortes de Aragón, a petición propia, Oliván ha subrayado que esto ha sido porque "se sigue atendiendo" a las personas que han dejado de ser titulares de la tarjeta sanitaria, que ha cifrado en unas 15.000. En este sentido, ha apuntado que casi ninguna de ellas se ha adherido al convenio especial para no asegurados porque "no van a pagar 700 euros al año cuando tienen la asistencia gratuita".

Al respecto ha recordado, igualmente, que en su momento dio instrucciones para que todas las personas fueran atendidas, además de que en Aragón se ha puesto en marcha el programa de protección social en materia de salud pública para "atender a los más vulnerables y a quienes tuvieran una clara vocación de permanencia entre nosotros", así como para "mantener y mejorar la salud de estas personas y reducir el riesgo de transmisión de enfermedades".

En total, ha habido 348 peticiones y 303 han sido aceptadas, un programa sobre el que ha estimado que ha habido "una adecuada difusión", para precisar que en materia de enfermedades de declaración obligatoria, como el Sida, "no se ha observado ninguna modificación relevante" desde que está en vigor el real decreto y ha lamentado que haya quienes crearan "una duda incorrecta en la ciudadanía" en este ámbito.

Oliván ha recalcado que la aplicación de esta normativa es fruto de dictámenes del Tribunal de Cuentas y directivas de la Unión Europea "no traspuestas por el Estado español" cuando debía hacerlo en 2007, por lo que había recibido "reiteradas advertencias" porque "obligatorio".

En este punto, ha recordado que "en ningún país europeo se exige como único requisito para la asistencia sanitaria el simple empadronamiento, como ocurría hasta esa fecha en nuestro país".

El titular de Sanidad ha argumentado que el objetivo del real decreto ley es "mantener un sistema público como el que tenemos" y la "búsqueda de la máxima cohesión y equidad del sistema nacional", a lo que se encaminan la mayoría de las medidas del Ministerio de Sanidad, que "está actuando correctamente".

Ahorro farmacéutico

El consejero se ha referido al cambio en la aportación a la prestación farmacéutica, incrementándose esta del 40 al 50 por ciento, mientras que los pensionistas pagan un 10 por ciento, estableciéndose unos tramos según la Renta, para quienes hasta ahora era gratuito, que ha permitido en Aragón un ahorro de 68 millones de euros entre julio de 2012 y 2013, respecto al mismo periodo del año anterior.

Concretamente, ha resaltado que de esa cifra 44,7 millones corresponde medidas "disuasorias" para el "uso racional del medicamento" y ha indicado que el aumento de la aportación de los ciudadanos ha supuesto un ahorro de 14,6 millones de euros y de 10,7 millones la "desfinanciación de fármacos".

En relación con esta última, ha apuntado que "no es la primera vez, ni será la última", que se realice, ante os "avances en la industria farmacéutica". Además, ha destacado que en Aragón se ha fijado un plazo de un mes para reintegrar a los pensionistas la cantidad correspondiente si sobrepasan un gasto en medicamentos de 30 euros, cuando la normativa estatal lo fija en seis meses.

También ha informado de que 28.500 aragoneses tienen ahora la prestación farmacéutica gratuita, cuando antes pagaban el 40 por ciento. Se trata de parados de larga duración sin prestaciones y personas que cobran alguna ayuda, como el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI).

Asimismo, ha comentado que "en próximas fechas se valorará en Consejo de Ministros la normativa" que introduce cambios en ortoprótesis, productos dietéticos y transporte sanitario no urgente, que "serán de aplicación el 1 de enero" y habrá que ver "qué efectos tiene en la Comunidad", para recordar el compromiso del Ejecutivo aragonés de que aquí "siga siendo gratuita" para enfermos con diálisis y oncológicos.

Por otra parte, ha enfatizado que "nunca he sacado pecho del ahorro, pero estoy obligado por un compromiso de gestión con la sanidad aragonesa a intentar garantizar que el sistema sanitario sea mañana por lo menos igual que hoy y eso significa buscar eficiencia, controlar los costes y utilizar de la mejor manera posible los recursos que tenemos".

Finalmente, ha reconocido que las listas de espera son uno de los problemas "más graves" y ha asegurado que trabaja en "intentar resolverlo", para recalcar que en su mandato es "cuando se ha externalizado menos en sanidad" en la Comunidad autónoma.

Recetas que no se pueden pagar

El diputado del PSOE, Eduardo Alonso, ha criticado la aplicación del ahorro farmacéutico a costa de que "las clases medidas escotamos más", para advertir, igualmente, de que "mucha gente va con las recetas a la farmacia y pone encima de la mesa las que puede pagar" y opinar que al quitar la tarjeta a 15.000 personas hay un colectivo "fuera del control sanitario".

La diputada de CHA, Nieves Ibeas, ha calificado de "provocación" la comparecencia porque "viene a decir lo contrario de lo que están señalando las entidades que trabajan con la ciudadanía, muchos profesionales sanitarios y la opinión pública" y ha considerado un "fracaso" que haya 15.000 tarjetas menos, además de asegurar que "desde que usted gobierna han empeorado las cosas".

En representación de IU, Patricia Luquin, ha argumentado que al "excluir a determinadas personas por su situación administrativa fuera del sistema de salud quiebran los principios de universalidad, accesibilidad y gratuidad", mientras que con el "repago de medicamentos se penaliza a los sectores más vulnerables, a enfermos crónicos y a la vejez". También ha rechazado que se mida "el derecho a la salud por la rentabilidad económica".

El parlamentario del PAR, Manuel Blasco, ha indicado que "nadie es partidario de hacer recortes", pero "si no se hubiera tomado estas medidas, hubiera sido posible mantener el sistema" y "parece que los ciudadanos están satisfechos" según se desprende de las últimas encuestas de realizadas en Aragón sobre asistencia sanitaria.

La diputada del PP, Carmen Susín, ha manifestado, en la misma línea, que el objetivo "de las políticas de sostenibilidad es garantizar derechos" y "la asistencia sigue existiendo", mientras que las medidas que se han tomado pretenden "adecuar el gasto y maximizar la eficiencia", con un nuevo modelo de aportación farmacéutica "más justo".