Si bien el Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla había llamado a declarar este jueves a las dos personas cuya comparecencia quedaba pendiente por la ocupación del bloque de viviendas de renta libre que Ibercaja posee en la avenida de las Juventudes Musicales, en el entorno de la glorieta de San Lázaro, uno de los imputados se ha acogido a su derecho a no declarar y el restante ni siquiera ha comparecido al sufrir "una crisis nerviosa y un desvanecimiento", según han informado a Europa Press fuentes del colectivo.

Mientras el Juzgado de Instrucción número tres debe aún resolver la nueva solicitud promovida por la propiedad de las viviendas para el "desalojo forzoso" del edificio, estas dos personas estaban llamadas a comparecer este jueves por un presunto delito de usurpación para cerrar la ronda de comparecencias judiciales de todos y cada uno de los protagonistas de estos hechos. Estas dos personas, de hecho, no habían comparecido hasta ahora alegando problemas de salud. Ambos han acudido a los juzgados del Prado de San Sebastián y, mientras uno de ellos ha comparecido ante el juez pero se ha acogido a su derecho a no declarar, el restante habría sufrido "una crisis nerviosa y un desvanecimiento" justo antes de entrar en los juzgados, siendo finalmente trasladado "en ambulancia" a un centro sanitario.

El juzgado, según el colectivo de familias, ha sido plenamente informado de esta incidencia y debe emitir ahora un nuevo llamamiento para esta persona, porque según sus compañeros, "él quiere declarar y contar los motivos por los que ocupó la vivienda".

Estamos hablando del colectivo de familias que habita sin relación contractual alguna el bloque de viviendas de renta libre ubicado en los números dos, cuatro y seis de la avenida de las Juventudes Musicales. Los miembros de estas familias están imputadas por un presunto delito de usurpación. Si bien la pasada primavera mediaba un principio de acuerdo entre estas familias y la propiedad del edificio; 'Ibercaja' a través de la sociedad limitada 'Residencial Murillo', el banco ha solicitado de nuevo el "desalojo forzoso" de las viviendas bajo la premisa de que las familias no se habrían atenido a los términos del pacto.

Acuerdo entre las partes

El citado principio de acuerdo implicaba la búsqueda de fórmulas para que las familias que acreditasen un estado de verdadera "necesidad" fuesen realojadas "en otras viviendas", el desalojo "efectivo" y voluntario de las viviendas ocupadas, la suspensión de la petición de medida cautelar de desalojo y el "desestimiento del proceso penal instado" contra las familias. Merced a este acuerdo, la propiedad del edificio había pedido al juzgado, en un escrito, "que no se acuerde la medida cautelar de desalojo solicitada" el 2 de mayo de este año "hasta que transcurra el plazo acordado por los ocupantes del inmueble para efectuar el desalojo pacífico y voluntario".

En ese sentido, el mencionado escrito exponía "el firme compromiso" de las familias para "desalojar de manera pacífica y voluntaria, en el plazo máximo de un mes", el citado edificio una vez hubiesen acreditado su "situación de necesidad" y se hubiese podido localizar inmuebles en los que pudiesen ser "realojadas como inquilinos".

De nuevo el desalojo

El pasado 30 de julio, no obstante, la propiedad del edificio reiteró la "solicitud de desalojo forzoso" formalizada el 2 de mayo "al no haberse cumplido por parte de los ocupantes los compromisos alcanzados entre ambas partes". "Únicamente tres familias ocupantes han facilitado la evaluación por parte de los Servicios Sociales para acreditar una situación de necesidad de forma que, tal y como se acordó, se han localizado inmuebles para estas familias que han desocupado el inmueble de forma pacífica para ser realojados como inquilinos en otras viviendas", explica 'Residencial Murillo' en el escrito elevado al juzgado y recogido por Europa Press.

Según el escrito, "el resto de ocupantes no ha realizado acto alguno tendente al desalojo pacífico", extremo que niega el colectivo de familias acusando a Ibercaja de entorpecer las negociaciones para provocar que el conflicto derive en un desalojo. Las familias, igualmente, lamentan que el Ayuntamiento hispalense no haya elaborado los necesarios informes sociales sobre la situación concreta de cada familia y han reclamado al juzgado que no acepte el nuevo desalojo forzoso instado por la propiedad de las viviendas.

La propiedad de los inmuebles, como es sabido, propone a estas familias su programa de respaldo al alquiler de viviendas 'Llaves solidarias", incluido en la obra social de 'Ibercaja'. Este programa, destinado a familias de bajos ingresos, tiene por objeto facilitar el acceso a la vivienda de alquiler a familias con dificultades para acceder a este mercado. Se trata, según 'Ibercaja', de "garantizar unos precios sociales que permitan acceder a una vivienda de alquiler a personas con dificultades y necesidades específicas en materia de alojamiento".