La sección tercera de la Audiencia Provincial de Huelva ha acogido este lunes la primera sesión del juicio contra una supuesta red, conformada por cuatro agentes de Medio Ambiente y por siete agricultores —uno ya fallecido— dueños de fincas, y tres de estos agentes han asegurado que los hechos de los que se le acusa —delito continuado de omisión del deber de denunciar delitos y del cohecho— no son ciertos, ofreciendo una versión distinta de los mismos.

Durante la primera sesión, los acusados han indicado que los hechos de los que les acusa el Ministerio Fiscal, por los que le pide penas de cárcel de hasta tres años de prisión, inhabilitación y multas que ascienden hasta los 12.000 euros, no se corresponden con la realidad, así como que no actuaron a cambio de favores de empresarios y agricultores, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.

En esta primera sesión algunas defensas han solicitado la nulidad del procedimiento al entender la existencia de la vulneración de los derechos fundamentales y de la tutela judicial efectiva, e incluso una de las defensas de uno de estos agentes ha solicitado la suspensión del juicio tras solicitar nuevas pruebas y al considerar que la Fiscalía "no ha sido capaz de concretar ni un solo hecho delictivo".

A su vez, algunas defensas han pedido la nulidad de las escuchas telefónicas y del auto de apertura del juicio oral, y han expuesto que el juicio se debería haber celebrado con el procedimiento de jurado, pero el tribunal, tras deliberar todas estas cuestiones, se ha opuesto a ello.

El juicio continuará este martes, sesión en la que está previsto que declaren un agente más y los agricultores acusados, así como seis empresarios en calidad de testigos.

Los hechos,

Según la fiscalía

Según reza en el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan a finales de 2005 cuando estos funcionarios, con distintas categorías laborales dentro del Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente, prestaban sus servicios en la Unidad Biogeográfica número dos de la zona de Moguer y Palos de la Frontera —desde septiembre de 2007 en la denominada Unidad Biogeográfica Costa y Espacios Litorales—, y se concertaron entre sí para con grave incumplimiento de sus deberes y funciones públicas, obtener beneficios de toda índole.

El Ministerio Fiscal considera que los acusados, perfectos conocedores de la zona, por llevar años trabajando en ella, habían trabado relaciones con dueños y encargados de fincas y de empresas, a los que interesaba "tenerlos de su parte para que no denunciasen las posibles irregularidades; infracciones y delitos, que cometiesen en sus respectivas actividades".

A finales del año 2005 los procesados, y especialmente el coordinador de la unidad, fueron comisionados por la Delegación de Medio Ambiente para, además de sus funciones habituales, a revisar los límites y extensión de las fincas de canon de su zona y ver si respetaban el Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (Potad), por existir en ese momento "una grave preocupación" de la Administración Autonómica por los cambios de uso de forestal agrícola con la consiguiente disminución de la extensión de Monte Público y el crecimiento descontrolado de la agricultura de frutos rojos.

En aquellas fechas, años 2005 a 2007, y tras varios contactos y reuniones, según indica el fiscal, los acusados solicitaron y recibieron ofrecimientos de varios dueños de fincas y de ciertas empresas de la zona con el fin de no denunciar los distintos cambios de uso, construcciones ilegales y vertidos que realizaban en sus terrenos.

Por ello, señala que el coordinador de la unidad intentó que los agentes que no controlaba no inspeccionasen dichas fincas y empresas, dando incluso la orden de que no hubiese agentes en la zona de Moguer después de las 18,00 horas, intentando que las fichas de ciertas fincas las hiciesen bajo su control y el de los agentes acusados, aunque no les correspondiese.

En todo lo anterior participaban otros cuatro acusados propietarios-administradores de las fincas agrícolas de la zona, que ofrecían dinero en metálico a estos agentes, uno de ellos hasta 12.000 euros, para evitar las denuncias y, dado que todos ellos estaban ampliando la superficie cultivable ocupando monte público o realizaban construcciones sin licencias-autorizaciones, empezaron a tener distintas atenciones con ellos.

Del mismo modo, como tres de los agentes mantenían relaciones sentimentales con trabajadoras de estas fincas, todas ellas extranjeras que venían para las campañas de la fresa, empezaron a favorecerlas en relación con otras trabajadoras, de tal forma que los dueños de las fincas no sólo facilitaban que los acusados las vieran y mantuvieran relaciones en los alojamientos de sus fincas, sino que incluso les facilitaron alojamientos individuales y otras ventajas laborales.

El fiscal apunta a su vez que todas las irregularidades fueron denunciadas por otros agentes de medio ambiente de la misma unidad ante la Delegación Provincial, que dio cuenta a la unidad adscrita de Policía, la cual investigó los hechos, constató las irregularidades y delitos cometidos en las fincas mencionadas y detuvo a los agentes acusados en junio de 2008, estando los mismos suspendidos de funciones hasta el 30 de octubre de 2008.