El PSOE califica de "extemporáneas" las declaraciones Álvarez-Buylla sobre la parcela A-19 de Olloniego

Los concejales del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Alfredo Carreño y Feliz Fernández, han calificadoe ste lunes de "extemporáneas" las declaraciones del abogado Ricardo Álvarez-Buylla sobre el caso de la parcela A-19 de Olloniego.

Los concejales del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Alfredo Carreño y Feliz Fernández, han calificadoe ste lunes de "extemporáneas" las declaraciones del abogado Ricardo Álvarez-Buylla sobre el caso de la parcela A-19 de Olloniego.

Los ediles socialiestas recuerdan al letrado del empresario Fernando Ángel Brun "que es obligación de cualquier ciudadano o representante público denunciar posibles delitos contra la hacienda pública".

Los concejales socialistas Alfredo Carreño y Feliz Fernández criticaron duramente las declaraciones realizadas por Ricardo Álvarez-Buylla en el caso de la parcela A-19 del Polígono Industrial de Olloniego en las que el abogado considera que los concejales obraron con "mala fe procesal" y les acusa de perseguir únicamente "réditos políticos".

Ambos concejales consideran las declaraciones del letrado una "salida extemporánea" ya que la vista por el caso Seprege está prevista en febrero próximo. "Es evidente que lo único que persigue Álvarez-Buylla es notoriedad pública para aumentar con ello sus clientes".

"Nuestra obligación como ciudadanos y representantes públicos es poner en conocimiento del juez un posible delito contra la hacienda pública, y queremos recordarle a Álvarez-Buylla que no le corresponde al abogado defensor ni a los concejales juzgarlo, sino al juez que lleva el caso".

Alfredo Carreño y Feliz Fernández, presentaron una denuncia por fraude de subvenciones principios de 2011 tras detectar irregularidades en la venta de la parcela A-19, que estaba ligada a la presentación de un proyecto generador de empleo ya que el polígono industrial de Olloniego se financió con Fondos Mineros.

"Un polígono industrial subvencionado en el que las empresas a las que se adjudicaron las parcelas tenían que cumplir como condición indispensable la puesta en marcha de un proyecto que creara empleo y fuera solvente, un requisito que no cumplieron y contra el que el Ayuntamiento no actuó", señalan.

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