El juicio contra el subjefe del área Regional de Recursos Operativos (ARRO) de Barcelona, Jordi A., ya ha empezado en la Ciutat de la Justicia. El diputado de la CUP, David Fernàndez, le acusa de haberlo golpeado reiteradamente durante el desalojo del 15-M de la plaza de Cataluña el 27 de mayo de 2011.

Por aquella actuación policial se presentaron más de 50 querellas de personas que habrían sido agredidas. Sólo la de Fernàndez ha llegado -de momento- a juicio porque ha sido el único capaz de identificar a su presunto agresor.

El juicio ha empezado a las once menos cuarto. Las dimensiones reducidas de la sala han dejado fuera algunos periodistas y ciudadanos que pretendían seguirlo en directo.

El mosso ha justificado los golpes que le dio a Fernández porque recibió la instrucción de usar la fuerza para abrir un paso por la salida de los camiones de la limpieza, y los manifestantes no hicieron caso de sus órdenes. En este sentido, asegura que avisó varias veces al ahora diputado antes de actuar.

La acusación particular, ejercida por Fernández, ha pedido que el mosso sea condenado con una multa total de 300 euros por una falta de lesiones y otra de vejaciones injustas, y una indemnización total de 1.010 euros, que daría a una entidad social.

Por su parte, la Generalitat pide la absolución por falta de pruebas, igual que la fiscalía, que ni tanto sólo ha hecho ninguna pregunta al acusado. Esto ha generado cierta sorpresa e indignación en el abogado de la acusación, Jaume Asens, que ha opinado que el mosso contaba con dos abogados defensores y que la actitud de la fiscalía ampara la "impunidad" de los antidisturbios y es muy poco ecuánime con los casos de manifestantes juzgados por altercados.