El expresidente de Pescanova Manuel Fernández de Sousa reclama 663.119,26 euros según la demanda presentada contra la multinacional gallega por un supuesto despido improcedente. El Juzgado de lo Mercantil número uno de Pontevedra ha acogido este lunes el juicio por esa, una vista a la que él no ha acudido, pero sí la abogada que lo asiste.

Los letrados de Pescanova y de la administración concursal han reclamado que se considere este proceder "una temeridad" y que se tengan en cuenta las circunstancias en las que se ha presentado la reclamación de este dinero, que equivale a 55.266 euros al mes.

El argumento jurídico de Fernández de Sousa es que previamente a su acceso a los cargos directivos de la empresa —fundada por su padre— él había empezado a trabajar desde la base en 1977, de forma que a su entender existía una relación laboral previa que es la que ahora permitiría la reclamación de una indemnización.

Tanto Santiago Hurtado por parte del administrador concursal como la abogada de Pescanova han recordado que Fernández de Sousa accedió al consejo de administración de la empresa solo cinco meses después de su incorporación, y que en 1978 ya era director gerente.

En ese sentido se inscribe la petición de temeridad, que según Hurtado parte de que "no hay sustento jurídico alguno y resulta casi descabellado basar una demanda en esos fundamentos ante el juez mercantil, en la situación actual y con incomparecencia del presidente, considerando que es un acto de mero trámite". También lo ha entendido como un "ataque claro" a la masa activa.

El tribunal fijó para este lunes a las 10.30 la vista del incidente concursal a instancias de Fernández de Sousa contra Pescanova y su administrador, Deloitte, sobre las cantidades que el demandante entiende que le corresponden por la finalización de su relación laboral con la concursada.

Fernández de Sousa presentó su dimisión como presidente de la compañía gallega el pasado 17 de julio, cargo por el que cobraba casi un millón de euros al año.

En concreto, percibía 989.000 euros por su puesto ejecutivo como presidente, según los datos que figuran en el informe del Gobierno Corporativo del ejercicio 2011, el último disponible. De Sousa, que ha demandado a Pescanova por despido improcedente, no llegó a un acuerdo en el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) de Vigo, por lo que el caso llega a juicio.

Su dimisión llegó después de conocerse el informe forense realizado por KPMG para determinar la situación de la pesquera española, que revelaba que en los últimos ejercicios se diseñaron y ejecutaron prácticas contables para ocultar deuda, y que estas prácticas eran "instruidas, ejecutadas, llevadas a cabo o conocidas, en mayor o menor medida", por miembros de la cúpula directiva.

Pescanova, que está en concurso de acreedores, cuenta con una deuda de más de 3.674 millones de euros y un agujero patrimonial de 1.667 millones de euros, según el informe realizado por Deloitte.

Por su parte, Manuel Fernández de Sousa está imputado por falseamiento de información económico-financiera, de las cuentas y por uso de información relevante.