La vicesecretaria de Ordenación del Territorio del PP-A, Alicia Martínez, ha alertado de que los ayuntamientos andaluces están "maniatados" con el Plan Marco de Vivienda presentado recientemente por la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, tras la celebración de una jornada de trabajo con los concejales delegados de Urbanismo y Vivienda de los municipios de más de 100.000 habitantes, las ocho capitales de provincia, más Jerez, Algeciras (Cádiz) y Marbella (Málaga), todos ellos gobernados por el Partido Popular.

En el encuentro, al que asistió el presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, se estudió el borrador de dicho plan, que se encuentra en fase de alegaciones hasta el 22 de noviembre. En este marco, la vicesecretaria ha señalado que el nuevo plan "nace muerto porque no contiene objetivos de vivienda, ni en promoción pública, ni en rehabilitación ni en alquiler", por lo que lo ha calificado en un comunicado de una "mera declaración de intenciones".

Además, Martínez ha censurado que el texto "no establezca objetivos, ni fije un marco de financiación, ni compromisos con las entidades financieras". En este sentido, ha recordado que para el plan anterior "el convenio con los bancos fue de 9.550 millones de euros", de los que, según datos de la propia Consejería, "se ejecutaron 700 millones en total, es decir, no alcanza ni al 10 por ciento".

Los responsables de Urbanismo del PP-A han lamentado que "los consistorios sólo dispongan de dos meses para adaptar sus planes municipales al plan andaluz y que se vean obligados a hacerlo sin garantías de financiación por parte de la Junta", lo que, a su juicio, "pone en peligro la ejecución del propio plan".

La dirigente 'popular' ha manifestado que todos los responsables de vivienda de los ayuntamientos coinciden en señalar que "llevan un año paralizados porque el plan anterior se ha cerrado en falso, y quedan pendientes muchas ayudas que materializar". Además, ha destacado que este año no ha habido plan andaluz, por lo que "no se han podido programar actuaciones en materia de vivienda por parte de los ayuntamientos, que dependen de la Junta que es quien tiene las competencias".

En materia de vivienda social, Martínez ha subrayado que el plan anterior "fue un fracaso en política social de vivienda", puesto que el programa de transformación de infravivienda "sólo se ejecutó un 16 por ciento, no se actuó en la erradicación del chabolismo, y tampoco sirvió para evitar más de 67.000 desahucios en Andalucía de 2008 a 2012". Respecto al borrador actual, ha criticado que "no regule ningún programa de ayudas para prevenir desahucios, así como que no establezcan mecanismos para poner las viviendas sociales de la Junta a disposición de afectados por desahucios y de quienes sufren situaciones de exclusión".

Por ello, ha incidido en que, ante la "inactividad" de la Empresa Pública de Vivienda y Suelo de Andalucía (EPSA), han sido "las empresas públicas de vivienda municipales, sobre todo de las capitales, quienes han promovido la vivienda protegida en Andalucía y gestionado el alquiler de viviendas asequibles".

Advierten del "antimunicipalismo" del presupuesto para 2014

"Los ayuntamientos están haciendo frente con sus políticas sociales a ayudas para evitar los desahucios del alquiler o por impagos de hipotecas", así como "dando ayudas para evitar el corte de luz y agua", ha afirmado la 'popular', quien ha explicado que es algo que están haciendo con "sus propios recursos, aún sin tener las competencias, pero siendo sensibles a las demandas de los ciudadanos que van a llamar a la puerta de los consistorios".

Por otra parte, la vicesecretaria de Ordenación del Territorio del PP andaluz ha advertido del "antimunicipalismo" del Presupuesto para 2014 de la Junta de Andalucía destinado a vivienda, que "reduce las transferencias a las corporaciones locales en un 61 por ciento, pasando de 15 millones en 2013 a cinco millones para el próximo año, maniatando así las posibilidades de actuación de los ayuntamientos".

"Tampoco contempla aportación autonómica alguna al Plan Marco de Vivienda andaluz, que se financiará tan sólo con los 414 millones de euros asignados a Andalucía en el reparto del Plan Estatal de Vivienda 2013-2016", ha añadido.

Fijar una financiación "seria",

Una de las alegaciones del pp-A

Martínez ha adelantado algunas de las alegaciones que propondrá el PP-A al borrador elaborado por la Consejería, tales como fijar una financiación "seria", como el plan estatal; ampliar los destinatarios para que "no se vean excluidas personas con necesidades de vivienda"; eliminar la calificación permanente de la vivienda protegida para "garantizar la flexibilidad y acceso a las mismas"; o modificar la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía para poner en uso los suelos derivados de las reservas del 30 por ciento de vivienda protegida por ley, así como de las cesiones del 10 por ciento a los ayuntamientos.

Además, el PP-A considera "imprescindible" incorporar un Plan de Erradicación del Chabolismo en Andalucía, ayudas para prevenir los desahucios de afectados por impagos de hipotecas y también del alquiler, e incorporar ayudas para las obras necesarias derivadas de las inspecciones técnicas de edificios (ITE), así como articular los programas necesarios para dar salida al 'stock' de vivienda protegida en venta o alquiler.

"Hasta ahora la Consejería de Fomento ha puesto sobre la mesa un plan falto de diálogo y consenso, especialmente con los ayuntamientos, y también con los agentes sociales", ha insistido Martínez. Es por ello que le piden que "atienda las alegaciones que va a recibir y que cuanto antes se ponga a corregir un plan que está abocado al fracaso, si no se garantiza una programación real con unos recursos reales y evaluables", ha concluido.