La responsable de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista, Teresa Rosique, considera necesario y urgente abordar desde la Asamblea Regional, en un debate monográfico, el alcance y consecuencias de todas las medidas y recortes llevadas a cabo por los gobiernos del PP.

Rosique cree que se debe evaluar sus efectos sociales y aprobar resoluciones encaminadas a dar respuesta a los problemas que sufren los ciudadanos, según han informado fuentes socialistas en un comunicado.

De este modo, argumenta que en los dos últimos años, los recortes de los gobiernos de Rajoy y Valcárcel, aprobados a través de leyes y decretos, "suponen un retroceso en derechos ciudadanos y prestaciones sociales que afectan a los pilares del Estado del Bienestar y nos retrotraen a épocas preconstitucionales".

En Sanidad, el Real Decreto de Mariano Rajoy 16/2012 "se ha aprobado sin evaluar el impacto en salud y consecuencias sociales del mismo. Con él se ha eliminado el carácter universal del Sistema Nacional de Salud y ha impuesto el copago farmacéutico a los pensionistas, a los que la consejera de Sanidad no les devuelve lo que pagan de más hasta trascurridos seis meses".

Asimismo, explica que "establece el copago en prótesis externas, transporte sanitario no urgente, productos dietéticos y a medicamentos que se dispensan en farmacia hospitalaria a enfermos que padecen enfermedades graves. Además, deja la puerta abierta a que prestaciones sanitarias aún por determinar, ahora gratuitas, pasen a copago".

En Dependencia, continúa, "el Real Decreto Ley 20/2012 aprobado por Rajoy, ha supuesto un varapalo a la Ley de Dependencia. Los recortes en ayudas, el incremento del copago, el frenazo a la incorporación de miles de dependientes a las ayudas y prestaciones de la Ley provoca un enorme retroceso en derechos para las personas en situación de dependencia".

Un retroceso que, en su opinión, "se agrava en Murcia como consecuencia del doble castigo que para los dependientes de la Región han supuesto las leyes regionales 6/2012 y 6/2013 aprobadas por el PP en la Asamblea Regional y que se aplica, en una u otra medida, a los 50.000 dependientes con grado reconocido".

Respecto a los Servicios Sociales, critica los recortes presupuestarios nacionales y regionales en esta materia, principalmente en Prestaciones básicas, familia, inmigración, menores, "en unos momentos de grave crisis económica, cuando los ciudadanos más necesitan de protección y respuesta".

Ello, unido a la Reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, que retira las competencias de los ayuntamientos en materia de Servicios Sociales, "va a provocar el desmantelamiento de un tercio de estos servicios, y un grave retroceso en materia de protección", añade.

"Una protección necesaria, hoy más que nunca, como consecuencia del incremento de los índices de pobreza y exclusión social que, de manera cada vez más profunda, se dan en nuestra Comunidad Autónoma, donde el 36% de la población se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social. O como consecuencia de los altos índices de paro que superan los 200.000 ciudadanos en la Región, siendo 46.000 los hogares que tienen a todos sus miembros en paro", subraya.

Por otro lado, en Pensiones, la Ley de Reforma de las Pensiones del Gobierno de Rajoy "va a suponer para los pensionistas un empobrecimiento durante años debido a la pérdida de poder adquisitivo que les impone el Gobierno de España".

"Una reforma que realiza un ataque sin precedentes a uno de los pilares fundamentales del Estado del Bienestar. Esta injusta reforma afectará a los 233.872 pensionistas que hay en la Región de Murcia", apunta.

En Educación, los recortes "están suponiendo un retroceso en más de 30 años de un Sistema Educativo que tanto costó construir; más alumnos y alumnas por aula, despido de 2.700 docentes en los dos últimos cursos, reducción del 50 % del presupuesto para becas de libros de texto y material escolar en los dos últimos cursos escolares, lo que ha supuesto que 30.000 alumnos y alumnas menos hayan recibido estas ayudas, aulas masificadas y centros educativos con dificultades para su trabajo diario porque la Consejería tiene con ellos una deuda importante en el pago de la asignación que les corresponde, todo un desmantelamiento de la Educación pública de nuestra Región".

Y es que, en su opinión, "el empobrecimiento de las clases medias como consecuencia de los recortes salariales a los empleados públicos, del despido de cientos de trabajadores de la sanidad y la enseñanza, desaparición de miles de pequeñas y medianas empresas, el incremento del IVA, caída del consumo con sus consecuencias negativas sobre la actividad económica y generación de empleo".

Rosique concluyó que "con estas políticas se hace recaer sobre los enfermos, dependientes, pobres, excluidos, pensionistas, trabajadores, empleados públicos y clase media los efectos de la crisis, librando de sus consecuencias a los grandes causantes de la misma".