El secretario general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Serafín Castellano, ha criticado este viernes que el secretario general del PSPV, Ximo Puig, "utilice el drama que supone para los trabajadores el cierre de Radio Televisión Valenciana (RTVV) para hacer demagogia"

En un comunicado, se ha referido así a las declaraciones en las que Puig ha culpado al Consell del cierre y ha asegurado que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, está "deslegitimado para seguir al frente de la Generalitat", por lo que pide "elecciones anticipadas".

Al respecto, Castellano mantiene que "el hecho de que el secretario general del PSPV reste legitimidad al 'president' es una muestra más de su nula calidad democrática" y subraya que "quien carece de legitimidad es él".

Reprueba, en este sentido, que "aspira a gobernar una Comunitat en la que ni siquiera cree" y le insta a "rectificar y reconocer la labor que está desempeñando Fabra al frente de la Comunitat".

Castellano ha exigido a Puig que "se quite la careta y deje de utilizar a las personas para su proyección personal" y que "antes de solicitar elecciones, explique cuál es su proyecto porque el único que conocen los valencianos es el del ninguneo a la Comunitat, el de la doble vara de medir, el de la sumisión ante Ferraz y el seguidismo a partidos minoritarios que están muy lejos de gestionar, proponer y ni siquiera identificar lo que quieren los valencianos".

"una de las decisiones más complicadas,

Pero necesaria"

Además, reprocha a la oposición que "ha vuelto a demostrar que su único proyecto es alcanzar el poder al precio que sea, aun a costa del dolor de los trabajadores de RTVV", e insiste en que la decisión de cerrar RTVV es "una de las más complicadas que ha adoptado el Consell, pero es necesaria puesto que su continuidad, con el escenario al que obliga una sentencia judicial, es inviable".

Al respecto, Castellano subraya que se trata de una medida "valiente y responsable" y que el Consell "no va a quitar ni un euro del que se destina a los servicios sociales, a la sanidad y a la educación a la que tienen derecho todas las personas para mantener una radiotelevisión, para la que se ha buscado hasta el último momento una alternativa viable que ha tumbado una decisión judicial".