La fase de declaraciones de testigos y peritos en el proceso judicial por los delitos de prevaricación, fraude y tráfico de influencias que se sigue contra Elia María Blanco y cinco de los concejales de sus equipos de gobierno y contra el constructor José Antonio Romero, ha concluido este viernes.

Tras la declaración del último testigo, tanto la fiscalía como la acusación particular que representa al Partido Popular han elevado a definitivas las penas que solicitaban en el escrito de acusación, que podrían llegar en algunos casos entre 1 y 3 años y medio de prisión para los acusados, inhabilitación de cargo público en diferentes periodos de tiempo y también multas que en algunos casos superan los 500.000 euros.

De la misma manera, las defensas han elevado a definitivos sus escritos de defensa en los que pedían la absolución de sus defendidos, pero el abogado de Enrique Tornero de manera subsidiaria ha solicitado que en caso de condena se aplique la atenuante de dilaciones indebidas.

Este concepto se encuentra en el artículo 21.6ª del código penal y define las dilaciones indebidas como: "La dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, siempre que no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de la causa".

De esta manera se solicita a la magistrada que en caso de condena se reduzca la pena si admite este atenuante en su sentencia.

El juicio continuará este sábado, a partir de las 9,00 horas, con una nueva sesión en la que las diferentes partes razonarán, argumentarán y valorarán el porqué de la solicitud tanto de sus penas como de la absolución.