El grupo parlamentario de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) ha registrado una proposición de ley en el Congreso para modificar la actual legislación sobre indultos, que data del siglo XIX, de manera que se obligue al Gobierno a motivar la concesión de la medida de gracia, que no puedan aprobarse en contra del criterio del tribunal sentenciador y que no se puedan indultar delitos que causen alarma social, como los de corrupción.

El encargado de presentar la iniciativa en una rueda de prensa en la Cámara Baja ha sido el portavoz de la Izquierda Plural en la Comisión de Justicia y diputado de IU por Asturias, Gaspar Llamazares, quien ha explicado que el objetivo de esta reforma es que, aunque mantengan un margen de "arbitrariedad", los indultos, al menos, "no sean injustos".

La Ley del Indulto data de 1870, aunque después ha sido modificada. La intención de Izquierda Plural es que su aplicación sea "transparente" y poder fin al, a su juicio, "abuso endémico" que los sucesivos gobiernos han venido haciendo de la medida de gracia.

"justicia paralela y sesgada"

Llamazares cifra en unos 500 los indultos que viene concediendo anualmente el Poder Ejecutivo y denuncia que esta medida se ha aplicado a políticos, jueces, banqueros o personas ligadas al poder político o económico dando lugar a lo que él interpreta como una Justicia "paralela y sesgada". También ha mencionado el caso del kamikaze cuyo indulto acaba de anular el Tribunal Supremo.

Para evitar que se repitan este tipo de situaciones, Izquierda Plural aboga por excluir determinados delitos del ámbito del indulto y cita, entre otros los de estafa, apropiación indebida, blanqueo de dinero, los societarios y contra la Administración y la Hacienda públicas, los de malversación y fraude, prevaricación urbanística, terrorismo, tortura, y delitos electorales y ecológicos.

También reclama que el Gobierno tenga que detallar en sus resoluciones expresamente, al menos, el concreto delito cometido, el grado de ejecución alcanzado (actos preparatorios, consumación o tentativa), el título de la imputación (autor o cómplice), la pena principal en que recaiga la gracia, el origen de la solicitud del indulto y el motivo que lo justificó a juicio del Gobierno.

Estos mismos puntos deberían constar, de manera sucinta, en los reales decretos por los que se conceden los indultos y que se publiquen en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que tendrán que seguir incluyendo los datos que contienen ahora sobre el órgano sentenciador, las variables temporales y las condiciones impuestas.

Además, la Izquierda Plural quiere que, para que el Gobierno pueda otorgar un indulto parcial o total, el magistrado o tribunal sentenciador tenga que acreditar "razones de justicia equidad o utilidad pública" para la concesión.

En el caso de que exista un informe desfavorable del Tribunal sentenciador, el Gobierno deberá someter la petición de indulto a una Comisión Mixta, compuesta por representantes parlamentarios y del Consejo General del Poder Judicial, para que emitan un informe vinculante para el Ejecutivo.

Asimismo, la Izquierda Plural aprovecha su proposición para exigir por ley que el Gobierno remita cada seis meses a la Comisión de Justicia del Congreso copia de los expedientes de indulto concedidos, así como que publique anualmente todos los datos estadísticos sobre la utilización de esta medida garantizando el libre acceso público a los mismos.