Los etarras Irkus Badillo y Gorka Vidal reconocen su intención de atentar con una furgoneta con 536 kilos de explosivos

Los presuntos miembros de ETA Irkus Badillo y Gorka Vidal reconocieron el jueves indirectamente durante el juicio que celebró la Audiencia Nacional contra ellos por la denominada "caravana de la muerte" su intención de colocar en una zona industrial de Madrid una furgoneta-bomba con 536 kilos de explosivos que fue interceptada por la Guardia Civil el 28 de febrero de 2004 en Cañaveras (Cuenca).

Los procesados trataron de exculpar al también acusado Beñat Barrondo en los hechos enjuiciados, por los que la fiscal Blanca Rodríguez pide para cada uno de ellos 39 años de prisión.

Les imputa un delito de pertenencia a banda armada, dos delitos de terrorismo en grado de tentativa y un delito de tenencia y transporte de aparatos explosivos.

El abogado de Barrondo, Íñigo Iruin, preguntó a Vidal en un momento de su interrogatorio si Beñat conocía la pretensión del comando de atentar en Madrid, a lo que éste respondió: "Barrondo no sabía nada de la colocación de la furgoneta".

Momentos antes explicó que éste había manifestado meses atrás al entonces jefe de "comandos" de ETA Gorka Palacios que quería abandonar la organización terrorista, por lo que desconocía sus planes para atentar en la capital.

Vidal, que conducía la furgoneta-Bomba, y Badillo, que iba delante en un coche lanzadera, se negaron a contestar a las preguntas de la fiscal Rodríguez.

El primero se limitó a señalar que sólo contestaría a las preguntas de la defensa, mientras que el segundo afirmó que no contestaría "a nada" del tribunal, al que calificó de "fascista" y de "excepción". Ambos tendrán que declarar como testigos, junto con el histórico etarras Henri Parot, en el juicio de la masacre del 11-M a petición de la defensa de uno de los 29 procesados.

Pese a que Vidal manifestó su intención de no responder a las preguntas de las acusaciones, el abogado de la acusación popular que ejerce la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), Juan Carlos Rodríguez Segura, le preguntó si dentro de su itinerario hacia Madrid "tenía previsto hacer una parada en la finca de Morata de Tajuña", en la que los islamistas prepararon los artefactos explosivos utilizados en los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid.

Los tres procesados, que integraban el "comando Gaztelu" en memoria del etarra Salvador Gaztelumendi Gil, le respondieron riéndose.

Reuniones en Francia

Vidal explicó ante el tribunal que se reunió en tres ocasiones en Francia con Palacios.

En una primera reunión hubo un primer contacto con el jefe de "comandos", quien les ordenó recabar información para realizar un atentado en la estación de esquí de Baqueira-Betet, en Lérida, que luego tuvo que ser anulado.

En la segunda cita, según dijo, Barrondo manifestó a Palacios que quería abandonar ETA, mientras que él recibió un cursillo de manejo de explosivos.

"No tenía valor"

A preguntas de la fiscal, Barrondo reconoció que perteneció a ETA durante dos semanas, pero decidió abandonar la banda terrorista porque "no estaba preparado ni tenía valor para hacer las cosas que ahí se realizaban". "Pensé que era una idea muy bonita, pero en la segunda cita vi la realidad en la que me había metido", declaró.

El procesado relató que Badillo le captó para formar un nuevo comando, por lo que tuvieron una primera cita con Palacios en Francia.

A las dos semanas, le manifestó a Badillo que quería dejar la banda terrorista, a lo que éste le aconsejó que se lo contase personalmente al jefe de comandos.

Ese día así lo hizo, entregándole al tiempo un croquis del parking ubicado tras el cuartel de la Guardia Civil en Llodio (Vizcaya).

Preguntado por la fiscal por el por qué entregó dicho croquis, Barrondo manifestó que no quería quedar mal ante la organización terrorista.

Barrondo reconoció que compró dos teléfonos móviles porque Badillo si lo había pedido sin especificarle para qué iban a ser destinados.

"Suponía que podían ser utilizados para algo clandestino y por eso tomé medidas de precaución. Me imagine que me podrían implicar en alguna acusación", señaló el acusado.

Al inicio de la sesión, el abogado Iruin solicitó la suspensión del juicio por la ausencia de Palacios en el banquillo de los acusados, al alegar que su declaración era "muy relevante" para defender a su cliente".

El presidente del tribunal, Alfonso Guevara, se opuso a tal pretensión al señalar que la situación del que fue jefe de "comandos" era de "rebeldía porque las autoridades francesas no han autorizado su entrega" a España.