El juez Luis Acayro ha imputado al exalcalde de Sámano por el PSOE, Javier Eguren, sendos delitos continuados de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, y un delito de falsedad documental por saltarse la legalidad al adjudicar obras y por "lucrarse" a través de varias vías durante su mandato como presidente de la Junta Vecinal, durante el que además contrató a su mujer como cargo de confianza y asignó un sueldo al vocal Ignacio Berriolope de su mano mayor.

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº2 de Castro Urdiales, que cuantifica la malversación en 202.000 euros, imputa también a Ignacio Berriolope, vocal del PSOE y tesorero de la Junta Vecinal, y a la esposa de Eguren, Sánchez Tobalina, como inductores y cooperadores necesarios, entre otras cosas por las nóminas que cobraron sin que hubiera un acto administrativo que lo respaldara y por el aumento de sueldo que pidieron a Eguren en 2010 cuando el Estado aprobó reducir un cinco por ciento la nómina de los empleados públicos.

Así consta en un auto en el que el juez Acayro, tras hallar indicios de delito, transforma las diligencias en procedimiento abreviado y pide a la Fiscalía que presente una acusación formal. Cuando eso ocurra el juez abrirá juicio oral y pedirá a las defensas de los acusados que presenten sus escritos de defensa para, posteriormente, elevar la causa a la Audiencia Provincial para su enjuiciamiento.

Según se desprende del auto, recogido por Europa Press, Eguren (que tras abandonar el PSOE se presentó a la Junta Vecinal de Sámano por el PRC en las últimas elecciones), se "lucró" durante su mandato a costa de fondos públicos mediante tres vías.

La primera de ellas ordenando verbalmente a la gestoría incrementar su nómina sin justificación alguna y muy por encima de lo aprobado en los presupuestos, lo que le reportó 20.340 euros adicionales; la segunda utilizando dinero público para uso particular propio o de su mujer en comidas (37.143 euros), cestas de Navidad (10.036 euros); dispositivos electrónicos y ordenadores (8.893 euros); y varios productos comprados en centros comerciales con cargo a la tarjeta de crédito de la junta (6.370 euros).

Y la tercera, contratando a nombre de la junta un teléfono móvil para su cónyuge, que acumuló un gasto de 10.963 euros, y autorizando el uso de otros dos a personas ajenas a la junta, cuyas facturas sumaron 4.465 euros.

CONTRATOS

Además, Eguren también habría incurrido en prevaricación administrativa por adjudicar contratos al margen de la legalidad para justificar la subvención nominativa de 913.000 euros que la Junta Vecinal recibió en mayo de 2008 para inversiones, mediante adjudicación directa y fraccionamiento "artificioso y sucesivo" para que tuvieran apariencia de contratos menores. Además, algunos contratos no tenían nada que ver con la subvención recibida ni se ha realizado la justificación preceptiva.

A raíz de recibir esta subvención, Eguren decide contratar a su mujer como cargo de confianza y asignar un sueldo al vocal y tesorero, Ignacio Berriolope, entonces compañero de partido, pero no consigue su objetivo "de forma legal" al rechazar el Pleno los presupuestos, por lo que decide "imponer su propia voluntad" al margen del procedimiento legal preceptivo, "abusando de su condición de alcalde y en connivencia" con el tesorero, cuya firma era preceptiva para realizar cualquier pago.

De esta forma, Sánchez Tobalina y Berriolope reciben su primera nómina en diciembre de 2008, llegando a percibir hasta el final de la legislatura -junio de 2011- algo más de 54.000 y 51.000 euros, respectivamente.

En julio de 2010, cuando entró en vigor la reducción del cinco por ciento del sueldo de todos los empleados públicos a nivel nacional, Eguren decide, a petición de ambos, incrementarles el sueldo cerca de un 25% sin dar cuenta al Pleno, de nuevo a través de una orden verbal a la gestoría que hacía las nóminas. De esta forma, pasaron de cobrar 1.010 euros al mes a consolidar 1.200 euros.

El auto añade que en el caso de Sánchez Tobalina, se "manipula" la nómina incluyendo conceptos aleatorios que no se ajustaban a la realidad y sin justificación alguna, "lo que permitía incrementar el desvío de dinero público a favor de la misma porque la nómina no respondía a otra realidad que permitir el desvío de fondos públicos mediante una pretendida apariencia de legalidad".

El juez Acyro imputa a Ignacio Berriolope un delito de prevaricación administrativa en grado de inductor por la petición de incremento de sueldo y un delito continuado de malversación de caudales públicos en grado de cooperación necesaria por las nóminas que cobró sin que hubiera un procedimiento administrativo que lo respaldara.

Igualmente, imputa a Sánchez Tobalina, un delito continuado de prevaricación administrativa y un delito de malversación de fondos públicos, también en calidad de inductora y cooperadora necesaria.