Uno de los tres hermanos acusados de un delito de estafa continuada supuestamente cometido entre los años 2005 y 2006 mediante operaciones de compraventa de casas de madera en Mengíbar (Jaén) que finalmente no se construyeron, pero por las que, según el Ministerio Fiscal, cobraron cantidades de hasta 40.000 euros en concepto de adelantos por parte de los compradores, ha negado este miércoles "haber jugado con el dinero de nadie" y ha remarcado que tenía "intención" de cumplir los contratos, al tiempo que ha reconocido haber contraído "deudas" con los clientes.

Así lo ha manifestado el encartado, identificado como A.J.M.M. y responsable de la firma de los contratos con los que se formalizaban las referidas adquisiciones, durante su declaración en la sesión inicial del juicio que ha comenzado este miércoles en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Jaén.

Sin embargo, dicho acusado ha admitido el cobro de adelantos por parte de los clientes, si bien ha defendido que dichas cantidades se destinaron "al pago de proveedores, materiales y trabajadores" de la comunidad de bienes que constituyó en el año 2002 junto a su hermano P.M.M., también imputado en el caso.

Según ha explicado A.J.M.M., entre los años 2002 y 2005 dicha empresa se dedicó a "trabajos de carpintería y estructura metálica", si bien a partir de ese último año cambió su actividad y se centró en la construcción de casas de madera, de las que únicamente "entre ocho y diez" se terminaron, quedando un total de 26 sin edificar.

A pesar de que lo que la empresa ofertaba a sus clientes eran "casas terminadas", el responsable de la firma de los contratos de compraventa no devolvió los anticipos que los clientes le abonaron a pesar de que esa premisa no se cumplió, según ha reconocido durante el juicio el propio acusado, que ha justificado el hecho de que las viviendas no se terminasen de edificar por el "incremento de los costes" de construcción que se produjo cuando la sociedad que constituyó con su hermano "cambió el tipo y los materiales" de las viviendas ofertadas, lo que provocó que éstas costasen más que el precio en el que se vendían, según ha defendido.

Según han subrayado tanto la Fiscalía como las distintas acusaciones, el encartado siguió cobrando anticipos —que rondaban "el 50 por ciento" del precio total de las casas— "en noviembre de 2006", a pesar de que para entonces la empresa "ya se había desmantelado", un hecho que estas partes le han reprochado, y a lo que éste se ha limitado a reconocer que "recibió el dinero y ya está".

El papel de los hermanos

De igual modo, A.J.M.M. ha explicado que en noviembre de 2006 se marchó de Mengíbar por las "amenazas y presiones" que recibía entre vecinos del pueblo por estos hechos, al tiempo que ha reconocido que ingresaba el dinero que cobraba de los anticipos en la cuenta corriente de un sobrino suyo, hijo de la tercera acusada, su hermana M.D.M.M., que entonces era menor de edad.

El empresario ha argumentado que actuó de esa manera porque no podía realizar ingresos en cuentas de las que era titular por "embargos" que pesaban sobre éstas, al tiempo que ha exculpado a su hermana de estas acciones, ya que, según ha aseverado, ésta no tuvo "conocimiento" de estos ingresos hasta que, la primera vez que quiso sacar efectivo de esa cartilla desde el banco se le requirió el consentimiento de M.D.M.M., autorizada en dicha cuenta.

En esta línea, ha querido dejar claro que su hermana "no tenía ningún conocimiento acerca de dónde venía el dinero" que ingresaba y que estaba "ajena al negocio" de sus hermanos, si bien le dio "el consentimiento para que siguiera usando la cuenta de su hijo".

Además de a su hermana —que "no se ha apropiado de ningún dinero del que ingresaba"—, el acusado también ha quitado responsabilidad a su hermano P.M.M., que, según ha recalcado, "se encargaba de los trabajadores" de la empresa y "no entraba a contratar nada ni ha recibido ni estaba al día de los pagos" que los compradores realizaban como adelantos.

Penas solicitadas

Por estos hechos la Fiscalía considera a los tres encartados autores de un delito continuado de estafa por el que pide una pena de cuatro años de prisión para A.J.M.M., porque en él aprecia una circunstancia agravante de reincidencia —ya que sobre él pesan dos condenas anteriores por otros delitos de estafa—, y de tres años para cada uno de los otros dos imputados.

Asimismo, pide para el primero el pago de una multa diaria de seis euros durante once meses, y lo mismo pero por un periodo de tiempo de ocho meses para los otros dos, además del pago de indemnizaciones para los afectados por la supuesta estafa que oscilan entre 3.000 y 40.000 euros por las cantidades presuntamente defraudadas.

Está previsto que el juicio no concluya este miércoles y se prolongue durante la jornada de este jueves dado el elevado número de personas que han sido citadas para declarar como testigos, un total de 30.