El PP ha garantizado que el Gobierno regional no ejecutará la sentencias de derribo de las viviendas del Alto del Cuco, ni dará "un sólo paso" sin el "visto bueno" de los tribunales, a los que se lo solicitará esta semana o, como muy tarde, la siguiente.

Así lo ha garantizado este lunes en el Pleno del Parlamento regional el diputado del PP Íñigo Fernández, quien ha defendido que, "a lo mejor", el Gobierno regional al liderar la ejecución de las sentencias de derribo, consigue "ganarse la confianza" de los tribunales para la legalización de otras viviendas en Cantabria.

Durante el debate de una proposición no de ley del PSOE contra el convenio de colaboración firmado por el Gobierno regional con el Ayuntamiento de Piélagos y los propietarios del Alto de Cuco, que ha sido rechazada por el voto en contra del PP, Fernández ha defendido la estrategia de que sea el Ejecutivo regional quien lidere la ejecución de las sentencias de derribo y posteriormente sean ya los tribunales quienes fijen las responsabilidades patrimoniales de cada parte.

La oposición se ha mostrado en contra de este convenio porque, a su juicio, el Gobierno de Cantabria, que en este caso fue ganador del pleito con el Ayuntamiento de Piélagos por el Alto del Cuco, "no puede hacerse cargo" de las consecuencias económicas de ejecutar la sentencia, que, en este caso en concreto, asciende a unos 3 millones de euros.

El diputado regionalista y exconsejero de Vivienda, Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José María Mazón, ha advertido que esta decisión del Ejecutivo regional supone un "nuevo escándalo en el Urbanismo de Cantabria" que añade "nuevas irregularidades" y que "traerá nuevas responsabilidades".

"Esto son irregularidades y tienen un nombre en el Código Penal", ha advertido Mazón, quien ha asegurado que los regionalistas no "quieren que esto vaya a mayores".

Por su parte, el socialista Miguel Ángel Palacio, ha asegurado que el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, no hubiese actuado así si la Corporación local condenada hubiese sido del PSOE.

A su juicio, la decisión de Diego de firmar el convenio sobre el Alto del Cuco va "en contra de los intereses" de Cantabria y ha sido tomada "por razones exclusivamente partidistas".

El convenio

El pasado 29 de octubre, el Gobierno regional, Fadesa, SAREB —el denominado 'banco malo' y al que le corresponden parte de las viviendas del Alto del Cuco—,y el Ayuntamiento de Piélagos suscribieron este convenio por el que las propietarias de los terrenos consienten que la Administración entre en ellos para proceder al derribo de las cerca de 140 viviendas del Alto del Cuco, previsto para 2014, al que seguirá la restauración ambiental de la zona.

Ese día, el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, aseguró que en este convenio no se establecen "para nada" las responsabilidades, sino que en él las empresas aceptan que la Administración entre en estos terrenos para la demolición, cuyo coste será adelantado por el Gobierno regional.

Será pagado con el fondo de derribos que irá incluido en el Presupuesto de la Cantabria del próximo año.

Insistió en que el hecho de que el Gobierno de Cantabria asuma el "liderazgo" y adelante el dinero necesario para los derribos no significa que se considere "responsable" y, una vez resueltos los expedientes que determinarán la responsabilidad provisional será el momento de "echar cuentas".

El consejero opinó que era "la única forma" de que se ejecuten las sentencias, algo que no puede dejar de hacerse por una "guerra entre Administraciones".