Los constructores se encomiendan al último plan de pago y esperan que la Junta "deje a cero" su deuda

El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop), espera, a falta de unos días para que se cierre el plazo de reconocimiento de facturas para el último plan de pago a proveedores, que este mecanismo "permita rebajar la actual morosidad", aunque a la vez temen que la Administración "no aproveche totalmente esta oportunidad de 'dejar a cero' la deuda pública".

El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop), espera, a falta de unos días para que se cierre el plazo de reconocimiento de facturas para el último plan de pago a proveedores, que este mecanismo "permita rebajar la actual morosidad", aunque a la vez temen que la Administración "no aproveche totalmente esta oportunidad de 'dejar a cero' la deuda pública".

En una nota, Ceacop ha indicado que en el arranque de esta última fase, "la morosidad de las administraciones públicas con las constructoras e ingenierías andaluzas se situaba en los 500 millones de euros".

Ha precisado que "a pesar de que anteriormente se habían sucedido dos planes de pago, los proveedores de la obra pública todavía soportaban una voluminosa deuda por obras realizadas, pero que no habían podido cobrar de la Administración".

Los constructores esperan que después de este último tramo del plan de pago "esta deuda quede prácticamente saldada".

No obstante, también añaden que "lamentablemente el contador no quedará a cero para la entrada en vigor de la Ley de Control de la Deuda Comercial en el Sector Público".

La patronal de obra pública alerta de que el Ejecutivo andaluz "no ha remitido al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la totalidad de las deudas pendientes de pago a los proveedores", por lo que "todo ese montante se quedará sin cobrar, ya que aunque las empresas reclamen el reconocimiento de esta deuda, está en manos del Gobierno autonómico la decisión de incluirlas o no en el mecanismo de financiación".

De este modo, lamenta que "la empresa está condenada a poder cobrar su trabajo por la vía judicial, con plazos de cobro que se alargan eternamente".

Según los datos que maneja Ceacop, hasta el momento actual los mecanismos de financiación "han permitido pagar casi la totalidad de la deuda de ayuntamientos, diputaciones o universidades". Ha agregado que hace unos días, el ministro Cristóbal Montoro "avanzaba que a finales de esta semana Andalucía recibirá una inyección económica de 631 millones de euros para pagar las deudas del primer tramo de esta última fase del plan de pago a proveedores, donde se incluían los entes locales".

En cuanto a las comunidades autónomas, es ahora cuando han tenido cabida en el plan de pago a proveedores las facturas de 2012 y lo poco que se ha facturado en 2013.

Ha agregado que al comienzo de este último tramo del plan de pago, "ocho de cada diez euros que se debían a las constructoras andaluzas, correspondían a la Junta de Andalucía, mientras que el resto se repartía prácticamente a partes iguales entre Gobierno central y ayuntamientos".

En cuanto al Gobierno autonómico, las consejerías que más cantidades adeudaban al sector eran la de Fomento y Vivienda y la de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Ceacop apunta "un significativo cambio de tendencia frente a la situación que vivíamos a principios de año" y precisa que en estos meses "se han acumulado más atrasos de pago en las actuaciones responsabilidad de la Consejería de Educación".

Agrega que el Plan OLA "ha hecho que aumente el volumen de obras de colegios e infraestructuras educativas, lo que ha movilizado la actividad en el sector, pero el pago de estas obras se había congelado, incrementando así el ratio de morosidad de esta Consejería, aunque desde el sector señalan que el plan de pago también ha permitido saldar parte de la deuda de educación".

Por último, los constructores piden al sector que esta experiencia "sirva para que en el futuro no se repita esta coyuntura". De este modo, piden a los gestores públicos "un ejercicio de responsabilidad para que abonen los compromisos de pago en los calendarios acordados, y así no prolongar la asfixia económica de las empresas". De la misma manera, hacen un llamamiento al tejido empresarial para que "sea más riguroso en la ejecución de los contratos".

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