Guardias civiles que sufrieron el atentado de ETA en la casa cuartel de Burgos en 2009 han declarado este lunes en el juicio de los tres terroristas acusados que los mismos buscaron el mayor número de víctimas entre las noventa viviendas familiares del recinto, incluidas numerosos niños.

Los acusados, del comando Otazua, Daniel Pastor, Iñigo Zapirain y Beatriz Etxebarria, se han negado a declarar en la vista, que ha comenzado este lunes en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) y que seguirá este martes con los informes de las partes.

La fiscal ha pedido para cada uno de ellos 3.498 años de cárcel por cometer este atentado en la madrugada del 29 de julio de 2009 con una furgoneta bomba cargada con más de 700 kilos de amonal, que causó 145 heridos, de ellos 41 niños, 38 mujeres y 22 hombres.

El guardia civil que instruyó el atestado del atentado ha relatado en el juicio que la acción iba destinada a causar el mayor número de víctimas.

Otros agentes que participaron en las investigaciones han destacado que la explosión causó un cráter de seis metros de diámetro y 1,80 de profundidad y que se encontraron restos a 600 metros de distancia.

Además, han calificado el escenario que se encontraron de "devastador" y de "zona de guerra", con edificios destruidos y coches calcinados y ardiendo, y han dicho que la mayoría de los afectados "se quedaron con lo puesto" sin poder recuperar sus enseres.

Uno de los agentes que estaba de guardia la noche del atentado en labores de vigilancia de la casa cuartel ha explicado que él vivía en el recinto, en el que había cinco portales de viviendas, y que su casa quedó "reventada".

Varios médicos forenses han recordado que atendieron a las víctimas y que entre las mismas había bastantes niños, "algunos pequeñitos", que sufrieron lesiones de todo tipo como erosiones, golpes y cortes producidos sobre todo por cristales desperdigados por la rotura de las ventanas, así como que algunos afectados sufrieron trastornos psicológicos posteriores como depresiones.

"Salimos como pudimos, todo estaba oscuro y solo se veía el fuego por detrás", ha dicho un guardia civil que vivía en la planta 13 de uno de los inmuebles afectados y que se encuentra en situación de retirado como consecuencia del atentado.

Durante los interrogatorios del juicio los investigadores de la Guardia Civil han relatado que el atentado fue cometido con una furgoneta robada en Francia a la que cambiaron las matrículas y la pintura.

La fiscal ha elevado a definitivas sus conclusiones provisionales y ha mantenido la petición de pena referida al considerar que los acusados cometieron 145 delitos de asesinato en grado de tentativa y uno de estragos, y ha reclamado asimismo el pago de indemnizaciones a las víctimas por sus heridas y a las administraciones afectadas, la Dirección General de la Guardia Civil, el Ayuntamiento de Burgos y la Junta de Castilla y León.

La abogada del Estado ha pedido que los acusados sean condenados a indemnizar al Ministerio del Interior en más de 15 millones de euros por los daños materiales en la casa cuartel y de casi un millón y medio por la atención a las víctimas y al Consorcio de Compensación de Seguros en una cantidad superior a 4.800.000.

Los acusados ya han sido condenados por los últimos atentados cometidos por la banda terrorista ETA antes de su alto el fuego y la mayor pena que se les ha impuesto, 45 años de prisión, fue por el asesinato con una bomba-lapa del inspector jefe de la Policía Eduardo Puelles el 19 de junio de 2009 en Arrigorriaga (Vizcaya).