El Partido Socialista quiere que la Junta de Andalucía se dirija al Gobierno de la Nación para reclamarle que no inicie expedientes sancionadores sobre las pensiones de emigrantes residentes no declaradas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y cierre de oficio los ya abiertos.

Así lo solicita a través de una proposición no de Ley registrada para su debate en el Pleno del Parlamento andaluz, que precisará del apoyo del Grupo Popular para poder someterse a la consideración de la Cámara por solicitar medidas en relación con "materias de competencia exclusiva del Estado".

En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, el PSOE-A insta en primer lugar a la Junta a reclamar al Gobierno de la Nación que ponga en marcha "una campaña informativa sobre las obligaciones tributarias de los emigrantes retornados y el tratamiento fiscal de las rentas y pensiones que perciben", así como que "colabore con los emigrantes retornados para que puedan regularizar su situación fiscal, prevaleciendo la mesura y la consideración sobre un colectivo que no ha tenido ninguna intención de defraudar a la Hacienda Pública".

En este sentido, los socialistas también reclaman la apertura de una línea de crédito a medio y largo plazo y sin interés remuneratorio a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para que los emigrantes retornados puedan regularizar su situación fiscal y que el Ejecutivo central "promueva los cambios normativos necesarios para dar más y mejores facilidades de pago, mediante la ampliación del período de aplazamiento, así como que no se devenguen intereses de demora en las liquidaciones del IRPF que se practiquen por ejercicios anteriores".

En su opinión, "es injusto que los beneficiarios de la amnistía fiscal hayan recibido un continuo asesoramiento del Gobierno, pudiendo regularizar su fiscalidad con un gravamen "teórico" del 10 por ciento y real del 2 por ciento, sin sanciones y sin intereses de demora, mientras que los emigrantes retornados, que no han querido defraudar, tengan que pagar el gravamen que les corresponda, más intereses de demora, sanciones y recargos".

En este sentido, el PSOE-A considera "muy preocupante" que el Ejecutivo central "esté aplicando con la máxima dureza la norma tributaria a personas que, por ignorancia, han podido incumplir con la ley, pero no pudiéndose considerar un incumplimiento en ningún caso punible".