El 'conseguidor' y exsindicalista de UGT Juan Lanzas, uno de los principales imputados en el caso de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía, ha abandonado este viernes la cárcel Sevilla-I alrededor de las 21.00, donde permanecía interno desde hace más de siete meses, después de que su familia haya abonado la fianza de 200.000 euros que le impuso la jueza Mercedes Alaya para poder abandonar la prisión.

De este modo, y una vez que el auto de libertad bajo fianza ha sido notificado a la prisión, Juan Lanzas ha podido abandonar la cárcel donde permanecía interno desde el pasado 22 marzo por orden de la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que le imputó cinco supuestos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad documental, asociación ilícita y cohecho dentro de la nueva línea de investigación abierta en la operación 'Heracles' por el supuesto cobro de 'sobrecomisiones' por parte de las mediadoras de las pólizas de prejubilación relacionadas con los ERE.

Lanzas, que llevaba puestas unas gafas de sol, ha sido recibido a las puertas de Sevilla-I por su hija y no ha querido hacer declaraciones a los numerosos medios de comunicación que esperaban su salida, tras lo que se ha montado en un vehículo conducido por una tercera persona y ha abandonado el recinto.

Fuentes del caso han informado de que el pago de esta fianza ha sido posible, finalmente, gracias a que la magistrada ha levantado el embargo de varias cuentas bancarias cuyos titulares son los padres y una hermana de Juan Lanzas, cuentas en las que el padre del 'conseguidor' de los ERE ingresaba el dinero correspondiente a su pensión y que han posibilitado reunir la parte del dinero que faltaba.

Según las fuentes, los familiares de Juan Lanzas han pagado parte de los 200.000 euros de fianza mediante un aval presentado ante el Juzgado de Instrucción número 6, mientras que el resto lo ha abonado con un pago realizado en Jaén.

Una vez Juan Lanzas ha obtenido la libertad, únicamente quedan en prisión dos de las 133 personas imputadas en el caso ERE, como son los directivos de Vitalia Eduardo Pascual, que podría salir en libertad bajo fianza de 300.000 euros, y María Vaqué, a quien la jueza rebajó recientemente la fianza para poder eludir la prisión a 225.000 euros.

En distintos autos, la magistrada ha atribuido al 'conseguidor' de los ERE un "exagerado enriquecimiento" de más de 13 millones de euros gracias principalmente a las sobrecomisiones del 20 o incluso 29% conectadas con el coste final de las pólizas de seguro de rentas pagadas con la citada partida.

A juicio de la jueza, "según avanza la instrucción se clarifican y concretan los hechos inicialmente imputados" a Lanzas "y su papel protagonista tanto para la obtención de los fondos públicos por terceros obviando el procedimiento legalmente establecido, como para canalizar sus ganancias, siendo el verdadero artífice de la constitución de distintos entramados societarios y siendo" además "nexo común en varias de las diferentes líneas de investigación que se vienen llevando a cabo".

Por otro lado, se sabe que la jueza Alaya tomará declaración a 33 imputados entre los meses de noviembre y enero, entre ellos a 6 exaltos cargos. Así, la instructora ha citado el 27 de noviembre al exsecretario general de Hacienda Antonio Estepa, día que por cierto la juez ha citado también a declarar al exdirectivo de Mercasevilla Daniel Ponce y a la exdirectora del área económica y de contabilidad de esta sociedad mixta Pilar Giraldo por un presunto delito societario cometido en la gestión de Mercasevilla.

Igualmente, la magistrada ha citado el 11 de diciembre al exinterventor delegado en Empleo Juan Luque, y el 17 de diciembre al exdirector general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) Jacinto Cañete y al exsecretario general técnico de las consejerías de Empleo y de Innovación Juan Francisco Sánchez García, quien también fue posteriormente director de Administración y Finanzas de IDEA

Y ha prorrogado por cuarta vez el secreto de sumario que pesa desde el pasado mes de julio sobre la denominada operación Madeja, en la que se investiga si el exdirector del área de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla y exasesor del grupo socialista Domingo Enrique Castaño pudo recibir dádivas a cambio de la concesión de contratos de mantenimiento a las empresas Fitonovo y Fiverde.