Miles de dueños de pisos, naves y locales situados en la región están incumpliendo la nueva el Real Decreto 235/2013 a conciencia o por desconocimiento. Desde el mes de junio, cualquier propietario que oferte un inmueble para su venta o alquiler está obligado a contar con un certificado de eficiencia del mismo. Sin embargo, y según los estudios de las entidades especializadas, hasta siete de cada diez carece de este documento.

Fotocasa, Segundamano e Idealista, los tres portales de Internet especializados más usados en España, contabilizan hasta 335.792 anuncios de pisos, aunque una parte de los mismos están replicados en uno o más portales . A estos hay que sumar las 73.562 oficinas, locales y naves listos para arrendarse o traspasarse que aparecen en las mismas páginas.

A pesar de ello, en la Dirección General de Industria de la Comunidad de Madrid solo se han registrado 77.000 certificados. Presentar el documento en el organismo autonómico también es obligatorio. Entre junio y noviembre se vendieron en Madrid alrededor de 13.000 inmuebles, según el Instituto Nacional de Estadística, que no recaba datos de alquileres.

En total, y a falta de cifras oficiales, las empresas Certicalia y Certies calculan que entre un 70 y un 75% de los dueños que comercializan sus inmuebles lo hacen soslayando la legalidad, siendo las empresas inmobiliarias las que más cumplen con el procedimiento. Ello elevaría el número de anuncios irregulares a 251.844.

Los portales virtuales dedicados a la compraventa y al alquiler ya ofrecen la posibilidad de señalar la calificación energética de cada construcción, pero una batida permite comprobar que muy pocos lo hacen y que, en caso de referirlo, utilizan la fórmula 'en trámite', un ardid que no libraría al propietario de la sanción.

La Ley 8/2013 sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana establece sanciones de entre 1.001 y 6.000 euros por promocionar un inmueble que no cuente con el certificado de eficiencia. ¿Por qué se arriesgan entonces los propietarios?

Según el Colegio de Aparejadores de Madrid, la mayoría lo hace por desconocimiento. "El certificado es una buena medida, una primera piedra para solucionar los problemas de consumo energético y mejorar la sostenibilidad de las construcciones, pero se están certificando viviendas sin las correspondientes garantías. El ciudadano ha recibido poca información. No debe verlo como un 'impuesto revolucionario', sino como una punta de lanza hacia un futuro más sostenible", detalla Francisco Javier Méndez, Director del Gabinete Técnico de la institución.

El Colegio ha elaborado un listado de técnicos capacitados para expedir los certificados a fin de evitar los fraudes que ya se están cometiendo. "Nos encargamos de poner en contacto, de forma gratuita, a técnicos capacitados con los usuarios con el objetivo de garantizar unos estándares de profesionalidad y de calidad", insiste Méndez.

Los engaños van desde certificados a bajo precio que luego resultan incompletos hasta revisiones a distancia en las que el experto ni siquiera pisa la vivienda o local. Los 12 inspectores de la Dirección General de Industria han abierto pocos expedientes, pero la mayoría tiene que ver con certificados que no se corresponden con la realidad del inmueble.

El Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales ha solicitado a la Comunidad que revise todas las etiquetas otorgadas con categoría A o B —la calificación más alta— debido a que muy pocas construcciones levantadas antes de 2007 alcanzan las cotas de máxima eficiencia energética.

Solo el 0,19% de los 77.000 certificados registrados en la Dirección General de Industria corresponden a categoría A; el 0,76% llegan a la B y el 4,39% se sitúan en la C. Las categorías D y E, consideradas como la eficiencia media, suponen el 14,74% y el 50,52% del total, respectivamente. El 29,39% restante (11,83% de categoría F y 17,56% de categoría G) están calificados como poco o nada eficientes.

Priscila (53 años) puso cara de póker cuando el comercial de la inmobiliaria le dijo que tenía que pagar casi 200 euros por un papel sin el que no podía alquilar el piso de su madre, situado en Móstoles. "Me sonó a cuento chino, así que le pregunté a mi hijo. Buscó en Internet y me dijo que el certificado era obligatorio, aunque todavía no entiendo para qué".

Lo siguiente fue ponerse a buscar un técnico y decidir entre la guerra de ofertas que empresas y autónomos plantean. "Es un cachondeo. Nadie nos ha informado y cada uno pone el precio que quiere. ¿De quién me tengo que fiar? A mí todo esto me parece otra cosa más para sacarnos dinero. No solo tienes que achillar el parqué, pintar o adecentar puertas, sino que ahora te cobran por otro papel", protesta.

¿Qué es?

Un el documento que analiza el consumo energético de un inmueble en términos de CO2 emitido por metro cuadrado y le otorga una calificación en una escala de la A (más eficiente) a la G (menos eficiente). Su implantación es una orden de la Comisión Europea. Por el momento, solo tiene carácter informativo, aunque el objetivo final es promover un uso más racional de la energía. Tiene una validez de 10 años y debe incluirse en toda oferta, promoción y publicidad de venta o alquiler de cualquier inmueble construido antes de 2007. Los inmuebles construidos antes de 2007 que hayan sido alquilados o vendidos antes de junio de este año no tienen obligación de tenerlo, salvo que se vuelvan a salir al mercado.

¿Quién puede expedirlo?

Arquitectos, arquitectos técnicos, aparejadores, ingenieros e ingenieros técnicos. El profesional visitará la vivienda para revisar los detalles constructivos (orientación, muros, ventanas, puertas) y los sistemas de energía (calefacción, climatizadores, agua caliente).

¿Cuánto cuesta?

Entre 100 y 200 euros dependiendo de la empresa, autónomo o colegio profesional que facilite el servicio. El precio no debe incluir la realización de ninguna obra, ya que el técnico únicamente medirá la eficiencia y hará recomendaciones para aumentarla.

¿Qué pasa si no lo tengo?

Publicitar el inmueble sin tener la etiqueta o falsear la información es una infracción muy grave que sancionada con entre 1.001 y 6.000 euros. No entregarla al comprador/arrendatario, no registrarla en la Dirección General de Industria o exhibir una etiqueta que no corresponda con el certificado registrado y validado se considera falta grave e implica de 601 a 1.000 euros de multa. Ofrecer cualquier propiedad sin mencionar la calificación, no renovar el certificado, no mostrar la etiqueta o presentar una que no cumpla con el formato normalizado será un incumplimiento leve con multa de 300 a 600 euros.