El alcalde de Alhaurín el Grande (Málaga), Juan Martín Serón, y el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, han sido citados este viernes por la Sección Octava de la Audiencia de Málaga para comunicarles la firmeza y la ejecución de la sentencia dictada por dicha Sala, tras haberla confirmado el Tribunal Supremo, y para requerirles el pago de la multa de 200.000 euros y el comienzo del cumplimiento del año de suspensión para cargo municipal, penas a las que fueron condenados.

Tanto Martín Serón como Guerra fueron condenados en enero de 2012 por un delito de cohecho en el denominado caso 'Troya', y se le impuso a cada uno de los acusados el pago de una multa de 200.000 euros y un año de suspensión de empleo o cargo público municipal. Esta sentencia fue recurrida por las defensas ante el Tribunal Supremo que el pasado 3 de septiembre de este año declaró no haber lugar a los mismos.

Ahora, en un auto de la Sala, al que ha tenido acceso Europa Press, se declara firme la sentencia dictada por dicho Tribunal malagueño y procede a iniciar la correspondiente ejecutoria de resolución. En este contexto, se cita a los acusados a que comparezcan en la Audiencia para requerirles el pago de la multa y el cumplimiento de la suspensión, según los plazos que se establezcan al respecto.

Asimismo, se señala que se hará entrega del mandamiento de pago por un importe de 32.390 euros a nombre de la mujer del alcalde en concepto de devolución de la mitad de la cantidad intervenida en su día; mientras que la otra mitad se retendrá hasta que se pague la multa por parte de Martín Serón. Asimismo, una vez se realicen los requerimientos de pago de la multa, se hará entrega de un mandamiento de pago a nombre de otra persona de la devolución de la fianza pagada en su momento de 100.000 euros cada uno.

La sentencia de la Audiencia de Málaga consideró probado que el edil "de común acuerdo" con Martín Serón, que pese a haberle delegado las competencias en esta materia "le impartía instrucciones y órdenes" al respecto, "venía exigiendo con insistencia", al menos desde mayo de 2006 a un promotor, que denunció los hechos, "con ánimo de enriquecerse y sirviéndose de la ventaja que les proporcionaba su cargo oficial, el pago de la suma de 122.000 euros".

Esta cantidad se pedía, según la resolución de la Sala, luego confirmada, "como contrapartida a la licencia de obras" que fue "concedida por el concejal" a través de un decreto en abril de 2006 y eran para las obras de construcción de un edificio de 14 viviendas y garajes promovidas por una empresa de la que era socio administrador el denunciante, que inicialmente estuvo en la causa como testigo protegido.