La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha calificado de "un trámite más" el hecho de que el pleno del Tribunal Constitucional (TC) haya acordado declarar la "desaparición sobrevenida de objeto del incidente sobre el mantenimiento o levantamiento de la suspensión" que acordó el pasado mes de julio en relación contra el decreto andaluz antidesahucios, que ha sido recientemente derogado tras la aprobación por la Junta de Andalucía de la Ley 4/3013 de 1 de octubre de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda.

En declaraciones a los periodistas con motivo de una reunión con la Comisionada para el Polígono Sur de Sevilla, Crespo ha indicado al respecto que esta decisión es "totalmente separada" del fondo de la cuestión, según la cual el Gobierno sigue pensando que la norma regional "crea inseguridad jurídica y no va a solventar la situación de personas desfavorecidas en situación de exclusión social", para lo que la administración estatal trabaja en otras fórmulas incluidas en la legislación nacional.

Dejar ahora sin efecto la medida de suspensión, lo que venía obligado tras derogarse la norma recurrida por el Gobierno, no supone según el TC "pronunciamiento alguno sobre el fondo del asunto planteado en el presente proceso constitucional". Es decir, el tribunal de garantías aún debe resolver en su momento el recurso de constitucionalidad que fue presentado por el Gobierno contra el decreto de Andalucía, y sólo entonces podrá determinar si ha decaído o no el objeto del mismo.

Por el momento, el Gobierno no ha recurrido la Ley ante el Constitucional, cuyo contenido es muy parecido al del decreto, al prever igualmente expropiaciones de viviendas, si bien incluye nuevos preceptos que no se incluían en el decreto inicial.

El pasado 30 de octubre el ministro de Economía, Luis de Guindos apuntó que los servicios jurídicos del Estado aún estaban estudiando si las modificaciones de la ley respecto del decreto eran merecedoras de un nuevo recurso con su subsiguiente suspensión ante el Tribunal Constitucional.