El Gobierno valenciano ha reaccionado a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat que tumbaba este martes el ERE de Radiotelevisión Valenciana con la respuesta más drástica: el cierre de la empresa pública que gestiona la radio y la televisión autonómicas. La decisión judicial obligaba a readmitir a 1.000 trabajadores, que se unirían a los más de 600 que habían quedado tras el despido colectivo, lo que elevaba a 72 millones de euros los gastos de personal de la plantilla, algo que la Generalitat confiesa que "no puede asumir en estos momentos".

Fuentes del Ejecutivo que preside Alberto Fabra han manifestado que la "difícil decisión de abordar un ERE en Radio Televisión Valenciana se engloba dentro de la reestructuración del sector público empresarial cuya finalidad era lograr una administración más ligera y sostenible".

En el caso concreto de RTVV, la deuda acumulada y asumida por la Generalitat, superaba los 1.000 millones de euros. Una cifra que dejaba en evidencia que RTVV era "claramente deficitaria e insostenible con la dimensión que tenía en ese momento". El Consell tuvo que asumir esta deuda, acumulada en los sucesivos años de gestión del PP al frente del Ejecutivo autonómico bajo la presidencia de Eduarzo Zaplana, José Luis Olivas y Francisco Camps. Además, la plantilla llegó a alcanzar los 1.800 empleados, más que Antena 3, Telecinco y La Sexta juntas.

"Ante esta situación, se abrían dos caminos: el cierre de la empresa pública o el redimensionamiento de la misma, que afectaba de manera directa al tamaño de la plantilla. La voluntad de este Consell ha sido desde el primer momento la de mantener abierta RTVV, en tanto que ofrece un servicio público. Por ello, se optó por la segunda opción y, en aras de la independencia que debe regir todo proceso de estas características, se encargó a una empresa externa el proceso de ejecución del ERE", asegura el Gobierno de Fabra a través de un comunicado.

Desde el Consell se asegura que tienen "la obligación de priorizar los servicios básicos" y descargan en la dirección de RTVV el proceso de ejecución del ERE, pese a que fue ideado, tutelado y dirigido por el Gobierno valenciano. "Solo queda la otra vía, que es, lamentablemente, proceder a la supresión del servicio público de la radio y la televisión de ámbito autonómico", remata el comunicado.

El comunicado hecho público por el Consell subraya que una de las decisiones que han motivado la nulidad judicial del ERE ha sido el rescate de 186 trabajadores que en principio tenían que ser despedidos y no lo fueron para poder continuar con las emisiones. Esta decisión, tomada por la actual directora general, Rosa Vidal, provocó un enfrentamiento con el vicepresidente del Consell, José Císcar, que manifestó en reiteradas ocasiones que el ERE era "impecable". De hecho, el escrito descarga toda la responsabilidad en la ejecución del expediente sobre la dirección de RTVV.

Rosa Vidal ha pedido a los trabajadores que "sigan al pie del cañón"  y ha dicho que ha anunciado al Consell que "no cuente con ella" para cerrar la entidad. Vidal ha animado a los trabajadores a seguir emitiendo.

Los problemas económicos de RTVV no son una excepción, sino la norma en el conjunto de la administración valenciana. A la catarata de despidos en empresas y fundaciones públicas hay que unir la desaparición del sistema financiero valenciano (Bancaja, CAM y Banco de Valencia), muy influidas políticamente, y la delicada situación de las arcas de la Generalitat, asistida financieramente con periódicas inyecciones del Ministerio de Hacienda para afrontar sus pagos. Todo ello con una tasa de paro del 28,3%, según la EPA.

El diputado y portavoz adjunto de Esquerra Unida en Les Corts, Ignacio Blanco, ha declarado que la decisión de Fabra de cerrar RTVV "es una cacicada propia otros tiempos y, además, entendemos que anticonstitucional porque supone privarnos a los valencianos y a las valencianas de la posibilidad de disfrutar de medios de comunicación en nuestra lengua propia". Para Blanco, "la solución es que Alberto Fabra dimita". El sindicato Intersindical, mayoritario en RTVV, se opone al cierre de la empresa pública y considera esta decisión "propia de un autoritarismo tercermundista y no de un Estado de derecho".

Los trabajadores han expresado su rechazo al cierre de la empresa con su presencia en el plató del informativo de las 20.30 horas, junto a los presentadores. Tras dar la noticia, se ha dado lectura al comunicado de los trabajadores, en el que muestran su rechazo a la decisión del Gobierno valenciano, y se afirma: "Nuestra voluntad es trabajar y continuar con las emisiones con normalidad". La nota afirma que ni los valencianos ni los trabajadores son los responsables de "una gestión política y económica que ha hundido la empresa".

Alrededor de un centenar de trabajadores y exempleados de la cadena autonómica se han concentrado frente al Palau de la Generalitat para protestar por el cierre. Los manifestantes han acudido vestidos con chalecos rojos con mensajes como "RTVV, la queremos nuestra" y han gritado "sinvergüenzas" y "ladrones" ante la sede de la presidencia de la Comunidad Valenciana.

El Grupo Radiotelevisión Valenciana (RTVV) ha sido el símbolo audiovisual de la Comunitat desde 1989, cuando en septiembre comenzó sus emisiones Canal Nou. Con sede en Burjassot (Valencia), Canal Nou fue el canal generalista y detrás de él llegaron la segunda cadena (Punt Dos), la radio autonómica (Ràdio 9), el canal 24 horas (Nou 24) y hasta un canal para satélite (Nou Internacional).

Los mayores cuotas de audiencia de Canal 9 llegaron en 1992, con un 22,5% de cuota de pantalla, tras lo cual llegó un descenso, continuado desde 2000. Canal 9, que desde el pasado 9 de octubre, Día de la Comunitat Valenciana, pasó a denominarse únicamente Nou en un intento de la nueva dirección de modernizar su imagen ante los nuevos retos que se avecinaban, será recordada entre otras cosas como el trampolín al éxito nacional del programa de cotilleos Tómbola.