Eurodiputados del Partido Popular Europeo (PPE) y del grupo de Socialistas y Demócratas (S&D) han defendido este lunes el nuevo acuerdo de pesca negociado por Bruselas con Marruecos, y han pedido al resto de formaciones en la Eurocámara que no bloqueen su ratificación por el conflicto del Sáhara occidental.

El Parlamento Europeo ya tumbó hace casi dos años un acuerdo previo por sus dudas en cuanto a que fuera rentable, sostenible medioambientalmente y a que respetara los Derechos Humanos de la población de la excolonia española. Con los términos renegociados entre la comisaria de Pesca, Maria Damanaki, y Rabat, el Parlamento Europeo debería ratificar o rechazar el pacto antes de que acabe el año.

La 'popular' española Carmen Fraga, ponente de la opinión —aún por definir— de la comisión de Pesca del Parlamento Europeo, ha asegurado que los informes jurídicos avalan que el acuerdo "no es ilegal 'per se'", ya que el respeto o no del Derecho internacional se debe evaluar una vez se ponga en práctica el acuerdo.

"Tendremos que vigilarlo muy estrechamente", ha dicho Fraga, quien ha subrayado que existe una cláusula de salvaguarda que permite suspender el convenio y la contrapartida financiera si se demuestra violación de los derechos fundamentales.

La posición que defiende la ponente y que debe aún votar la comisión europarlamentaria antes de ser elevada al pleno sostiene que es un acuerdo "equilibrado", que mejora las condiciones de pesca para la flota comunitaria y asegura la sostenibilidad de los recursos, además de cubrir las garantías en materia de Derechos Humanos.

Sin embargo, desde Los Verdes e Izquierda Unitaria ponen en duda que haya un respaldo claro de los servicios jurídicos, e insisten en que la cuestión del Sáhara occidental y la petición de su población de que sus aguas no sean parte del acuerdo han de ser atendidas y condicionar el voto.

"Pedimos que se excluya explícitamente el Sáhara del acuerdo. Es muy sencillo", ha afirmado el eurodiputado Raül Romeva (ICV), para quien los Gobiernos de la Unión Europea y la Comisión Europea están "haciendo el juego político" a Marruecos, país que, según Romeva busca el reconocimiento de su actitud frente al Sáhara en los acuerdos internacionales. En este sentido, el eurodiputado de Los Verdes también ha señalado que países como Estados Unidos ya dejan fuera de sus pactos con Marruecos los territorios saharauis.

Por su parte, el finlandés Nils Torvalds, de los liberales en la Eurocámara (ALDE), también ha dejado claro que le es "imposible" apoyar un régimen pesquero que incluya los recursos del Sáhara.

A favor de la ratificación del acuerdo, del que se beneficiará principalmente la flota española, se han pronunciado varios eurodiputados 'populares' y socialistas, para quienes el pacto respeta las exigencias del Parlamento Europeo y debería ser valorado de acuerdo a los intereses pesqueros y no, políticos.

"Ya no existe un problema medioambiental, ni de Derechos Humanos, al haber una posibilidad de suspender el acuerdo", ha dicho el eurodiputado Guido Milana (S&D), quien ha opinado que las divergencias son "de carácter ideológico y no se pueden resolver" con cuestiones pesqueras. Milana ha apostado por "votar sí al acuerdo" y, en paralelo, aprovechar el peso de la Eurocámara para exigir un papel más activo de la UE en la resolución del conflicto saharaui.

La portuguesa María de Ceu Patrao Neves (PPE) ha dicho, a su vez, que el régimen pesquero que se discute "ofrece suficientes garantías" con respecto a las reservas que mantuvo la Eurocámara en 2011 cuando rechazó el acuerdo anterior. Además ha defendido que es "ejemplar" en cuanto a las exigencias científicas para cuidar la sostenibilidad de los recursos y que es "equilibrado" en cuanto a los intereses de las partes.

Según datos ofrecidos por la Comisión Europea, el nuevo convenio, negociado para cuatro años, tendrá un coste anual de 40 millones de euros y aumenta en un 33 por ciento las posibilidades de pesca para la flota comunitaria. Esta cifra supera los 36 millones que pagaba la Unión Europea por el acuerdo anterior, pero su impacto en las arcas comunitarias será menor porque la subida la asumirán los armadores europeos interesados en la zona