Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Málaga, PSOE e IU, han reclamado al alcalde, Francisco de la Torre, que no aplique un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en la empresa de limpieza Limasa y "se siente a negociar" con los trabajadores, después de que éstos se hayan mostrado dispuestos a convocar una huelga indefinida en Navidad.

Así, la portavoz municipal socialista, María Gámez, ha demandado este lunes que se retire la "amenaza" de un ERTE sobre los trabajadores de Limasa, que entraría en vigor el 1 de enero de 2014, y se continúe con las negociaciones para desbloquear el conflicto.

La edil del PSOE ha afirmado que "es hora de ajustar el cinturón a los socios privados de Limasa y no a los trabajadores", al tiempo que ha puesto de relieve que "estamos en un momento muy delicado para jugar con fuego".

"Quién puede entender que se anuncie por parte del Ayuntamiento y de la dirección de la sociedad un ERTE si se está dispuesto a negociar", se ha preguntado, a la vez que ha mostrado sus dudas sobre que exista "un verdadero interés" por parte del alcalde de llegar a un acuerdo cuando pone sobre la mesa "mandar a trabajadores a su casa".

En este sentido, ha señalado que "no es posible que una empresa que tiene garantizados sus beneficios esté abocada a un Expediente de Regulación de Empleo de sus empleados durante varios meses al año", ya que "no es justificable", y ha mantenido que "solo desde la negociación conjunta podemos olvidarnos del anuncio de huelga con el consecuente perjuicio económico para la ciudad".

Además, Gámez ha insistido en que "la solución pasa por reducir los beneficios a los privados que desde el año 2007 se han embolsado en diferentes conceptos 51,3 millones de euros para un servicio que es a todas luces deficiente". Por ello, ha exigido que éstos renuncien a sus beneficios para el próximo año con el objetivo de que se cuadren las cuentas de la empresa de limpieza.

"El principal recorte deben ser los beneficios privados, ya que el servicio no aguantará un recorte de personal en términos del interés general de la ciudad", ha declarado, añadiendo, además, que "es una injusticia que la parte más débil sea la que deba afrontar el mayor esfuerzo".

En su opinión, "por culpa de la pésima gestión de De la Torre tenemos un conflicto permanente con el servicio de limpieza", al tiempo que ha acusado al regidor de "dar una patada a la lata cada vez que existe una amenaza de huelga para volver a encontrársela meses después". Además, ha lamentado que "traiga sobre la mesa amenazas de ERTE o informes que respaldan como única salida recortar el número de personal con el único objetivo de amedrentar a los empleados".

"En Málaga hay alguien que piense que se necesita menos personal de limpieza en estos momentos", ha cuestionado la portavoz socialista, al tiempo que ha destacado que lo que la ciudad precisa es "más baldeo y más limpieza los fines de semana y no un conflicto permanente que daña la imagen de Málaga y perjudica el día a día de sus ciudadanos".

Al respecto, Gámez ha recordado que el Ayuntamiento de Málaga ha invertido desde el año 2007 más de 636 millones de euros en un servicio de limpieza que "es a todas luces deficitario", con una media de presupuesto anual de más de 80 millones, llegando a los 96 millones en 2012.

IU

Por su parte, el portavoz de Izquierda Unida en el Consistorio, Eduardo Zorrilla, quien ha advertido de "los brutales recortes que el equipo de gobierno quiere imponer para ahorrar 7,1 millones de euros", ha demandado "consenso" para evitar una huelga en Limasa.

Asimismo, ha reiterado la petición de convocatoria del consejo de administración de Limasa para que informe sobre el conflicto "con la máxima transparencia", y ha responsabilizado "directamente" al primer edil de los "perjuicios" que pudiera acarrear una huelga, tanto a la ciudadanía, que "tendría que soportar una Málaga más sucia", como a los propios trabajadores, "por querer imponerles brutales recortes para pagar su política de despilfarro".

Zorrilla ha alertado, al respecto, de que "el ERTE al que quiere recurrir Limasa con la excusa de mejorar su situación económica se basa exclusivamente en recortar las retribuciones de los empleados y en reducir el número de trabajadores dedicados a la limpieza", lo que significa que "la calidad del servicio disminuirá de manera drástica". Sin embargo, "no se tocan los beneficios de las empresas privadas ni la asistencia técnica ni los salarios de los altos cargos ni tampoco se eliminan externalizaciones o subcontratas innecesarias".

La edil de IU y miembro del consejo de Limasa, Ana García Sempere, ha afirmado, por su parte, que "las medidas que quiere imponer el equipo de gobierno del PP no garantizan de ningún modo la viabilidad futura de Limasa y son solo medidas de recorte".

Ha insistido en reclamar que se ponga en marcha el proceso para la municipalización del servicio de limpieza, que, según un informe de la empresa, supondría un ahorro de hasta 47 millones de euros, lo que "resolvería los continuos conflictos en Limasa y evitaría una incertidumbre y tensión innecesarias".