"Se atentó contra la vida de Juan Andrés Benítez". Así de claro lo tiene Eugeni Rodríguez, portavoz del Front d'Alliberament Gai de Catalunya, una entidad que, junto a otras asociaciones de tipo vecinal y de Derechos Humanos se presentan como acusación popular en el caso del empresario del Gayxample que falleció poco después de ser reducido por los Mossos tras una pelea en el Raval.

Rodríguez remarca la "indignación que sentimos los vecinos del Raval" después de la actuación policial del 5 de octubre pasado, cuando redujeron a Benítez empleando la violencia, tal como defienden los propios Mossos.

Diversas entidades de tipo vecinal, cívico y de defensa de los Derechos Humanos han decidido hacer frente común y pagar los mil euros de fianza para entrar como acusación popular en el caso ya que consideran que la actuación de los agentes fue "brutal" y las decisiones tomadas por la cúpula directiva del cuerpo una "indecencia política".

La acusación popular permite una participación de cualquier ciudadano, aunque no sea afectado directamente por el delito juzgado, para que pueda personarse como acusación.

"Es una  indecencia política que los policías estén trabajando", lamentaba Eugeni Rodríguez este lunes, cuando no se sabía aún que Interior les apartaba de su empleo por su imputación. Ahora bien, los ocho mossos no serán interrogados hasta el 13 de noviembre, cuando haya pasado ya un mes de los hechos.

Rodríguez reclamó la dimisión del conseller de Interior, Ramon Espadaler, ya que "el castillo que creó se ha desmoronado", en referencia al hecho de que no haya apartado a los agentes de sus funciones anteriormente sinó solo con posterioridad a la imputación por parte de la juez.