El martes comenzó en Portugal la campaña de dos semanas por la despenalización del aborto, que ya fue objeto de referéndum en 1998 y que entonces fue rechazado por sólo dos puntos de diferencia con una altísima abstención.
Los últimos sondeos en Portugal indican que los partidarios del aborto marchan con ventaja de cara al referéndum del 11 de febrero, si bien ésta se ha reducido ligeramente en los últimos días.
El pasado domingo 15.000 personas se manifestaron en Lisboa en contra de la despenalización bajo el lema "Marcha por la vida", en una convocatoria organizada por la Asociación Portuguesa de Familias Numerosas (APFN).
La nueva ley, impulsada por el Partido Socialista y por su principal dirigente, el Primer Ministro José Sócrates, que cuenta también con el respaldo del Partido Comunista Portugués y del Bloco de Esquerra, legalizaría el aborto por cualquier motivo hasta las 10 semanas de embarazo.
Portugal es por el momento uno de los países de Europa -junto con Irlanda, Polonia, Malta o Chipre- donde no se reconoce el derecho al aborto.
El último de una larga fila
Pioneros en cuanto a la despenalización en Europa fueron algunos de los países escandinavos y Gran Bretaña. En este último país el aborto se despenalizó en 1967, con una ley que aceptaba el aborto para salvar la vida de la mujer, para evitar peligros para la salud mental y física de la mujer o si había probabilidades de tener un bebé con taras físicas o psíquicas, y que establecía plazos de 28 semanas, que luego se redujeron a 24.
Algo posterior fue la ley que se aprobó en Francia (1975), que autoriza el aborto en cualquier supuesto durante las 10 primeras semanas de gestación, y con posterioridad a esta fecha siempre que dos médicos certifiquen que la salud de la mujer está en peligro o que el feto presenta malformaciones.
España tuvo que esperar una década más, hasta 1985, cuando se aprobó la Ley de Interrupción Voluntaria del embarazo.
En ella se autoriza el aborto con el fin de evitar un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada, en casos de violación dentro de las 12 primeras semanas de embarazo, y cuando se presuma que el feto habrá de nacer con graves taras físicas o psíquicas, dentro de las primeras 22 semanas de gestación.
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