Los trabajadores de la empresa mixta de limpieza Limasa, reunidos este lunes en asamblea, han aprobado por unanimidad convocar una huelga indefinida en Navidad si antes de mediados de diciembre no se llega a un acuerdo que evite el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) anunciado el pasado jueves por el Ayuntamiento de Málaga y la dirección de la sociedad.

La plantilla ha acudido este lunes, día de su Patrón, San Martín de Porres, a la asamblea convocada en Los Ruices, en la que se ha optado por una huelga indefinida, que comenzaría en torno al 20 de diciembre, según ha señalado el presidente del comité de empresa, Manuel Belmonte, quien ha reiterado que es "descabellado" y "vergonzoso" plantear un ERTE en Limasa.

"Los seis millones de euros de ahorro para 2014 no pueden salir solo de los trabajadores", ha manifestado a Europa Press el representante de la plantilla, haciendo hincapié en que "en Limasa hay más partes implicadas".

Asimismo, ha incidido en que, "aunque digan que no, llevamos ya dos años de recortes, y no vamos a permitirlo más". "Nosotros no hemos creado la crisis", ha subrayado, lamentando que "parece que es un delito trabajar en Limasa".

Ha vuelto a rechazar las causas a las que alude la empresa para la aplicación de este ERE temporal —productivas y organizativas— y ha advertido de que "no se hable de cuestiones económicas": "no tendría sentido hacerlo cuando es una empresa que todos los años tiene un dos por ciento de beneficios".

En cuanto a que la empresa deje la puerta abierta a llegar a un acuerdo en el convenio colectivo de 2013-2014 y la plantilla acceda a bajarse el sueldo, evitando así el ERTE —de hecho, hay prevista una reunión este miércoles—, Belmonte ha admitido que "es complicado abrir dos negociaciones".

"Las cartas ya están encima de la mesa, por lo que si han elegido un ERTE, es complicado que pueda seguir la negociación del convenio colectivo", ha declarado el presidente del comité de empresa.

ERTE

El ERE temporal planteado por Limasa —el Ayuntamiento tiene el 49 por ciento del accionariado, mientras que el resto está en manos de los socios privados (FCC, Urbaser y Sando)— entraría en vigor el 1 de enero de 2014 y afectaría a los 1.250 trabajadores fijos y también a los eventuales de larga duración y a los que cumplen contrato de relevo.

Supondría que la plantilla, de forma rotatoria, estaría en el desempleo durante un periodo de entre cuatro y ocho meses; concretamente, de enero a mayo y de octubre a diciembre, dejando fuera el verano, que concentra una mayor carga de trabajo.