Los afectados por los recortes de las ayudas de subsidiación de préstamos hipotecarios para las viviendas de protección oficial (VPO) se reunirán el próximo miércoles, día 6 de noviembre, con el director general de Vivienda, Ángel Marinero, para "pulsar" el sentir del Gobierno autonómico tras las últimas resoluciones de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, y del propio Procurador del Común, Javier Amoedo, que ha pedido en concreto a la Junta que vuelva a pagar esas ayudas.

Así lo ha asegurado a la agencia Europa Press Jesús Revenga, presidente de la Asociación de Vecinos Villa del Prado y uno de los representantes de la Plataforma creada en Valladolid para reclamar el pago de las ayudas a las VPO, quien se ha mostrado "esperanzado" en la posibilidad de que la Junta de Castilla y León acceda a sus peticiones tras esas resoluciones de la Defensora y del Procurador del Común en favor de los afectados por la supresión de las ayudas, unos 7.000 vallisoletanos.

"Queremos saber cómo respiran", ha explicado Revenga, que ha acusado a la Junta de Castilla y León de haber incurrido en un caso de "mala práctica" por haber jugado con "información privilegiada" en su día —"por no decir prevaricación", ha matizado— para dejar de recoger solicitudes de renovación de las ayudas por falta de dinero para adherirse después a la decisión del Gobierno de la nación de cancelar esas ayudas de subsidiación de préstamos hipotecarios para las VPO.

Revenga ha recordado que el reciente pronunciamiento del Procurador del Común dice "clara y meridianamente" que el Gobierno de la nación y la Junta de Castilla y León han "obrado mal" en esta materia por lo que insta al Ejecutivo autonómico a reanudar el proceso y pagar las ayudas concedidas en su día a los propietarios de las VPO. En su pronunciamiento, la defensuría del pueblo en Castilla y León exige que se revisen las solicitudes hasta el 6 de junio y se concedan las renovaciones de subsidiación.

"El Procurador del Común es tajante y aboga por reconocer las ayudas tras una interpretación errónea por parte de la Junta", ha insistido el presidente de la Asociación de Vecinos Villa del Prado, quien, tras reconocer que la resolución de Javier Amoedo no es vinculante, ha defendido que sí tiene un "peso político importante".

Jesús Revenga ha aprovechado la ocasión para poner sobre la mesa los ejemplos de otras comunidades autónomas, como Extremadura, gobernada por el PP como Castilla y León, y cuyo Gobierno ha considerado que la supresión de las ayudas era "injusta" por lo que ha decidido pagar las cuotas de los préstamos para la adquisición de VPO con fondos propios, con independencia de lo que haga el Ministerio de Fomento.

El integrante de la Plataforma ha informado además de una sentencia en Castellón que ha obligado también a pagar las ayudas que ya están reconocidas al mismo tiempo que condena a la administración regional por haber actuado "de mala fe" en la supresión.

"Ha sido una práctica común en todas las comunidades autónomas", ha lamentado Revenga que ha insistido a este respecto en la necesidad de saber cómo interpreta la Junta ahora esas resoluciones que piden retrotraer las actuaciones a la fecha en la que se denegaron las ayudas y qué intenciones tiene.

"Imagino que van a decir que no tienen dinero", ha aventurado Jesús Revenga, quien ha recordado a este respecto que esas ayudas eliminadas estuvieron presupuestadas en su día con una partida que la Junta se ha gastado en otras cosas.

El Decreto del Gobierno del 13 de julio de 2012 estableció la eliminación de este tipo de ayudas que en algunos casos alcanzaban los 3.000 euros al año por beneficiario, personas con escasos recursos económicos con ingresos anuales de entre 2,5 y 3,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional.