Las empresas Les Films Alain Sarde y a Studio Canal tienen un mes de plazo para desbloquear sus DVD según la sentencia del tribunal francés y deben pagar 100 euros al consumidor en nombre del que UFC-Que Choisir interpuso la denuncia.
Los sistemas anticopia de los DVD fueron desarrollados por los fabricantes de esta tecnología durante los años ochenta como imposición de las grandes estudios de cine y productoras estadounidenses que amenazaron con no usar el formato en el caso de que los discos no dispusieran de sistemas que evitaran cualquier tipo de copia. De manera que los DVD disponen de varios sistemas que impiden cualquier tipo de copia, ya sea digital, de DVD a DVD, o analógica, de DVD a cinta de video.
Precisamente la denuncia se produjo como consecuencia del intento de un consumidor francés de grabar un DVD que había comprado en una cinta de video para verlo en casa de su madre, que sólo dispone de reproductor video y no de DVD.
Al igual que en Francia, en España los usuarios y consumidores tienen derecho a realizar copias privadas de los contenidos culturales (discos, cintas de video, DVD, etc.). La nueva ley de propiedad intelectual que actualmente se negocia introducirá cambios notables como la protección legal de los sistemas anticopia y de los sistemas de gestión de usos (DRM, Digital Rights Management).
Esta modificación de la ley podría afectar a los DVD y a los sistemas de 2que disponen para impedir que se hagan copias. Hace una semana el director corporativo dela SGA, Pedro Farré, señalaba en una entrevista en Cinco Días que “a la luz de la normativa [los DVD] tendrán que quitar esas medidas anticopia. Si quieren distribuir sus productos tendrán que respetar la legislación de nuestro país” .
En Francia, la Asociación de Productores de Video piensa recurrir la sentencia después de señalar que no ha recibido con mucho entusiasmo una decisión que considera “preocupante”. Un portavoz de dicha asociación, Jean-Yves Mirski, ha señalado además que esta decisión “contradice con la Directiva Europea de Derechos de Autor”, una normativa aprobada en el año 2001 que todos los países deben trasponer en su legislación.



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