El juez de Instrucción número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, ha ratificado la imputación que pesaba sobre los exconsejeros de Sanidad madrileños Juan José Güemes y Manuel Lamela por su gestión en la primera época de la externalización sanitaria relativa al Infanta Elena, en Valdemoro; el Rey Juan Carlos, en Móstoles; y el Hospital de Torrejón de Ardoz.

Así consta en un auto de siete páginas y fechado el pasado 29 de octubre en el que el magistrado concreta las imputaciones por delitos de cohecho y prevaricación, dando un paso más hacia la imputación de los consejeros, solicitando su imputación formalmente.

De este modo, resuelve diversos recursos de reforma interpuestos por los querellados por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) contra el auto en el que les citaba a declarar acompañados de un abogado. En los recursos, estos se quejaban del carácter político de la querella, de la "falta de legitimación de Afem y en consecuencia inviabilidad de la personación como acusación popular de varios diputados del Grupo Socialista", así como de que la narración de los hechos no concretaba las imputaciones, entre otros aspectos.

Aún así, esto no quiere decir que los ex consejeros de Sanidad de la Comunidad de Madrid vayan a sentarse ante el juez, puesto que todavía hay pendiente un recurso de apelación interpuesto contra la admisión a trámite de la querella, que deberá ser resuelto por la Audiencia Provincial de Madrid. Si este órgano desestima el caso, la imputación de Sexmero no se ejecutaría. La decisión de la Audiencia Provincial no se tomará antes de primavera, según han confirmado fuentes judiciales a 20minutos.

La parte más importante de este auto es que concreta los motivos de las imputaciones de Güemes y Lamela: prevaricación y cohecho. Los dos ex consejeros fueron acusados por AFEM de haber beneficiado a ciertas empresas durante el primer proceso de privatización sanitaria de la Comunidad de Madrid (iniciado hace diez años), en algunas de las cuales ocupan hoy en día, ya retirados de la política, cargos importantes.

La lista de imputados incluye también a toda la cúpula actual de la Sanidad madrileña (excepto el consejero Lasquetty), imputada por malversación de caudales públicos, entre ellos, Antonio Burgüeño, actual director general de Hospitales, y la actual viceconsejera, Patricia Flores. También imputa a las empresas que gestionan privadamente la sanidad pública, imputadas también por cohecho: Capio, Ribera Salud, Unilabs, Asisa y la Fundación Jiménez Díaz UTE.

En el auto, el magistrado expone que la querella de Afem se encuadra dentro del "ejercicio de la acusación particular ya que al colectivo medico le asiste un intereses legitimo en el proceso de la llamada 'privatización o externalización' de los servicios médicos en cuyo contexto se habrían cometido los delitos que se imputan en la señalada querella, interés tanto personal como sobre todo profesional que la asociación legalmente defiende en representación del colectivo".

Asimismo, destaca que en la querella se "imputa el delito de prevaricación, y cohecho a los querellados que han intervenido en las adjudicaciones a empresas con un accionariado opaco incumpliendo alguno de los requisitos previstos en la ley como la no exigencia del canon".

Añade que "se han beneficiado de dichos acuerdos para después contratar los servicios de anteriores consejeros de Sanidad como Güemes y Lamela, responsables políticos de la adjudicación a los que imputa en unión de Capio, Ribera Salud y Unilabs".

Sobre la admisión de la querella, señala que "si existe alguna duda acerca de que los hechos sean o no constitutivos de delito se debe acordar su admisión y proceder a la investigación".

"Por último respecto del carácter político de la querella , este instructor desconoce el mismo como desconoce las motivaciones de los demás intervinientes incluido el fiscal", añade el juez en la resolución.

Por su parte, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Publica de Madrid (ADSPM) ha pedido a la Comunidad de Madrid que rectifique y anule la externalización sanitaria después de que el juez de Instrucción número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, haya ratificado la imputación que pesaba sobre los exconsejeros de Sanidad madrileños Juan José Güemes y Manuel Lamela por su gestión en la primera fase de este proceso.

En un comunicado, esta entidad consideran "un hecho positivo" la decisión del juez dado que "se trata de personas que han hecho un gran daño a la sanidad madrileña".

Además, considera que "pone en evidencia que los procesos de privatización sanitaria están plagados de irregularidades y de intereses cruzados que encarecen los costes, empeoran la calidad del servicio sanitario y hacen patente que los mismos no se hacen para mejorar la eficiencia y la eficacia de la Sanidad".