Miguel Ángel Flores Gómez ha pasado de empresario de éxito a discreto imputado. El principal encausado por la muerte de cinco adolescentes debido a una avalancha en el pabellón Madrid Arena ha restringido al mínimo su actividad pública y sus apariciones sociales, según algunos de sus conocidos. Tras la tragedia, pocos quieren contratar con él, lo que ha hecho que ponga tierra e intermediarios de por medio para poder continuar con sus negocios.

Antes del 1 de noviembre de 2012, Flores era, con su socio Miguel López Langa, uno de los promotores más conocidos de la noche madrileña. "Era el anfitrión. Se codeaba con políticos, empresarios, famosos o futbolistas y le gustaba atender bien a la gente VIP", resume un habitual de sus eventos.

Además del Madrid Arena, que el Ayuntamiento de la capital le alquilaba en un régimen casi de exclusividad, en su emporio se contaban salas de fiestas, promotoras inmobiliarias, una discográfica, una empresa de venta de entradas, otra de artes gráficas... Así, hasta llegar a la veintena de sociedades. Salvo algún sobresalto en forma de inspección, todo le iba bien.

A partir del incidente, sin embargo, la cosa cambió. La investigación judicial demostró que había sobrepasado el aforo del pabellón municipal —algo habitual en sus celebraciones, según varios testigos y extrabajadores— y que había mentido en sus declaraciones policiales. Su mano derecha, Santiago Rojo, le señaló como responsable.

Para evitar represalias, Flores cedió a terceros sus cargos en la mayoría de sus empresas. Las más emblemáticas —la Sala Pirandello (Plaza de España) y Audacia Musical—, pasaron a López Langa, el mismo que avaló con sus propiedades la fianza de 200.000 euros que permitió al imputado no pisar la cárcel. La gestión de la Sala Marco Aldany (antes conocida como Arena o Heineken), también quedó íntegramente en sus manos. Al menos, de cara al exterior.

La conocida discoteca Macumba, epicentro de sus actividades y de las de FSM Group —matriz de sus empresas— cerró. Flores tiene recurrida la orden de desahucio emitida por un juzgado de Madrid a petición del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), propietaria del local, que se sitúa en la estación de Chamartín.

En Diviertt, la empresa a través de la que Flores organizó la 'Thriller Music Park' del pasado Halloween, sigue figurando como administrador único su hermano José María, el mismo que declaró ante el juez del 'caso Arena' que firmaba la documentación de la empresa sin leerla. Miguel Ángel apenas interviene ya con los proveedores. "Le he visto solo un par de veces este año. Le han cogido la matrícula y parece que prefiere no dejarse ver", resume uno de ellos.

Respecto a su patrimonio, el imputado mantiene vacías la veintena de cuentas bancarias que existen a su nombre. Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (Udef) que obra en poder del juez pero no ha sido trasladado a las partes asegura que sí tiene dinero, pero que lo mueve a través de personas que actuarían como testaferros.

La Udef cree que oculta sus gananciasPorque, de hecho, Flores sigue en el negocio. Fuentes de la investigación explican a 20minutos que continúa operando e ingresando dinero. "Aquí seguimos trabajando como siempre. No hemos parado", confirma a este diario un trabajador de la Sala Pirandello. Estas ganancias, sin embargo, son "ocultadas", de acuerdo las pesquisas judiciales, para, por ejemplo, evitar posibles reclamaciones en concepto de fianza por responsabilidad civil.

Entre sus empresas destaca Nativa Bambu, un complejo situado a pie de playa en la localidad ecuatoriana de Montañita. Allí ha trasladado una de sus fiestas más conocidas, el Space of Sound. Mucho más cerca, en la calle de Pío XII de Madrid, continúa con la construcción de un quiosco que el Ayuntamiento intentó paralizarle en los tribunales. Finalmente, la Justicia ha dado la razón a Flores, según detalló el diario El Mundo.

Flores dirige sus negocios desde España, ya que tiene prohibido salir del país. El titular del juzgado de Instrucción número 51 le retiró el pasaporte como medida preventiva. Su libertad vigilada no parece haberle causado problemas. Hasta el momento, ha cumplido puntualmente con el trámite de presentarse dos veces ante las autoridades y de estar localizado de forma permanente.

El juez Eduardo López-Palop prevé acabar la investigación del caso a finales del mes de diciembre. El juicio oral por las muertes de Katia Esteban Casielles, Cristina Arce, Rocío Oña, Belén Langdon y María Teresa Alonso no se abrirá hasta después de esa fecha. Solo entonces el 'imputado Flores' podría pasar a ser el 'acusado Flores'.