Izquierda Unida presentará alrededor de medio centenar de enmiendas al proyecto de ordenanzas fiscales previsto por el Gobierno municipal de Juan Ignacio Zoido para 2014. Las enmiendas, según IU-CA, ponen el acento en criterios de renta y justicia social y, al mismo tiempo, se encaminan a favorecer la reactivación económica y la generación de empleo, garantizando los recursos imprescindibles para lograr unos servicios públicos de calidad en Sevilla.

Según ha indicado el portavoz de IU en el Ayuntamiento hispalense, Antonio Rodrigo Torrijos, las propuestas de su fuerza política buscan "proteger a aquellas familias que peor lo están pasando como consecuencia de la crisis-estafa que padecemos" y parten de la premisa de "que ha de pagar más quien más tiene".

Para ello, Izquierda Unida plantea, por ejemplo, ampliar las bonificaciones al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) mediante la implantación de una ayuda económica destinada a los colectivos más vulnerables. Los beneficiarios de este descuento, que IU eleva al 25 %, serían, según ha explicado Torrijos, personas desempleadas, con discapacidad, menores de 30 años, pensionistas, víctimas de violencia de género y aquellas familias en riesgo de exclusión social o con algún miembro en situación de dependencia.

En paralelo a esta iniciativa, la federación de izquierdas aboga por una nueva vía de ingresos basada en el establecimiento de recargos del 50 % en el recibo del IBI a los miles de pisos vacíos con carácter permanente que existen en la capital. Y es que la recién aprobada Ley andaluza de la Función Social de la Vivienda define el concepto de vivienda deshabitada, por lo que, a juicio del portavoz de IU, "se han acabado ya las excusas de los ayuntamientos para no aplicar esta medida", ha subrayado.

Torrijos ha precisado que el objetivo de dicha penalización no es otro que el de "sacar el mayor número de pisos desocupados al mercado del alquiler para, de esta forma, facilitar el acceso a la vivienda en Sevilla". En cualquier caso, quedarían excluidos de este recargo tanto los domicilios de uso turístico como los de segunda residencia y los que son arrendados como fincas urbanas por temporadas.

"El Gobierno de Zoido no puede permanecer impasible ante la realidad tan dramática que miles de sevillanos están sufriendo cada día por culpa de una ley hipotecaria injusta y de la codicia del sistema financiero", ha manifestado Torrijos, quien considera que, a través de las ordenanzas fiscales, el Ayuntamiento puede contribuir a que muchos inmuebles vacíos recuperen su función social, garantizando así el derecho constitucional a la vivienda. "Es cuestión de voluntad política", ha incidido.

En coherencia con este mismo objetivo, Izquierda Unida plasma también en sus enmiendas algunas de las reivindicaciones centrales de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). En concreto, solicitará que se exima del Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana -impuesto conocido como plusvalía municipal— a las familias que, por insolvencia sobrevenida, acuerden una dación en pago para evitar un desalojo. Y, además de esto, requerirá al Ayuntamiento que a las personas víctimas de desahucio las libere del pago de las deudas contraídas a cuenta del IBI o del suministro de agua.

Una bajada del gravamen del Impuesto sobre Construcción, Instalaciones y Obras (ICIO), del 3,85% al dos por ciento, a fin de reactivar uno de los sectores más castigado por la crisis; la recuperación de las bonificaciones por domiciliación bancaria de los tributos; o la retirada de la mayoría de las "nuevas e injustas" tasas que el PP se ha inventado "por puro afán recaudatorio" y sin informar a la opinión pública (como el copago policial) son otras de las peticiones que IU piensa trasladar en las próximas horas al Gobierno local e incorporarlas al debate plenario de las futuras ordenanzas fiscales.

Igualmente, Torrijos ha recalcado que muchas de las enmiendas elaboradas por su grupo político están orientadas a dotar de progresividad fiscal al conjunto de impuestos, tasas y precios públicos, en sintonía con la demanda planteada por empresarios, sindicatos, entidades vecinales y asociaciones de consumidores que componen el Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS).

Al hilo de esto, IU defiende que las bonificaciones se realicen en base al nivel de renta —tomando como referencia el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem)— y no de forma lineal, como dispone el PP, ya que "de esa manera se beneficia a quien más tiene", ha dicho Torrijos.

Así por ejemplo, en lo relativo a la zona azul, además de exigir la inclusión del anexo de las calles (que este año no se ha adjuntado) y de reclamar la eliminación de la disposición adicional que deja en manos del Área de Seguridad y Movilidad el establecimiento discrecional de las plazas, Izquierda Unida apuesta también por extender la tarifa especial de residentes tanto a los comerciantes como a los trabajadores y estudiantes que desarrollan su actividad en los lugares afectados por esta tasa.

En lo que respecta a los servicios relacionados con el IMD, Izquierda Unida aporta una batería de enmiendas dirigidas a facilitar el acceso de todos los sevillanos y sevillanas a las instalaciones municipales deportivas, tanto las de gestión directa como indirecta, mediante la reducción de tarifas, el incremento de las exenciones y bonificaciones y la ampliación del número de colectivos beneficiarios de las mismas.

Según ha apuntado Torrijos, "lo que buscamos es fomentar el deporte de base y evitar que se excluya a nadie de su práctica por motivos económicos". Así, el portavoz de IU ha recordado que, "por mucho que el PP alardee de haber congelado las tasas de cara al próximo ejercicio, no podemos olvidar los subidones que aplicó en 2012 y 2013, ni tampoco el proceso de privatización que ha iniciado en los programas y centros deportivos y que, a buen seguro, tendrá efectos muy negativos para usuarios y trabajadores".

En cuanto a Tussam, IU volverá a defender que se suprima la gratuidad en la tarjeta de la tercera edad a partir de un nivel de ingresos superior a los 1.500 euros mensuales y que, en el resto de bonificaciones, se prime el criterio de renta sobre el de unidad familiar "para que se cumplan los principios de progresividad y capacidad económica recogidos en el artículo 31 de la Constitución española".

De otro lado, Torrijos ha anunciado que su fuerza política propondrá una reformulación a la baja de las tasas de saneamiento del agua, en tanto que éstas sirven de referencia para calcular las de recogida de basuras, y pedirá también la congelación de los precios públicos del Real Alcázar, al considerar que el importante incremento decidido por el PP, que en algunos casos se eleva al 8%, irá en detrimento de la industria turística de la ciudad y del empleo

En definitiva —ha concluido Torrijos—, "Izquierda Unida aportará al debate de las ordenanzas fiscales un sólido paquete de enmiendas acordes con la realidad social y el contexto de crisis que estamos atravesando, con las que pretendemos reactivar la economía local, mejorar la financiación de las arcas municipales y aligerar la carga tributaria a las personas con menos recursos".