El pleno de Les Corts Valencianes ha aprobado este jueves por unanimidad pedir al Gobierno "el cierre definitivo y permanente" del almacén subterráneo de gas Castor, así como su posterior desmantelamiento, ante la inseguridad que genera.

El texto aprobado advierte de que si se pone de nuevo en funcionamiento la planta, cerrada desde hace casi un mes, no hay "ninguna certeza ni seguridad de que no se volviesen a reproducir terremotos ni se pudiese garantizar la seguridad ciudadana".

Así consta en una enmienda transaccional que han firmado los cuatro grupos parlamentarios tras una proposición no de ley presentada por el PP y sendas enmiendas de Compromís y EUPV. En el texto aprobado por unanimidad, el parlamento autonómico también insta al Consell a que, en caso de comprobarse posibles negligencias en la tramitación del proyecto Castor, situado frente a las costas de vinaròs (Castellón), "se exijan y depuren todo tipo de responsabilidades, tanto a la empresa concesionaria como a las autoridades que participaron en la resolución que autorizó el mismo".

El PP había presentado una proposición no de ley en la que instaba al Parlamento autonómico a expresar su respaldo y apoyo a "la paralización indefinida y el cese inmediato" del proyecto Castor de Vinaròs (Castellón), "mientras no se garantice la seguridad ciudadana". Por su parte, Compromís y EUPV han defendido sendas enmiendas en las que solicitaban al Gobierno el cierre definitivo de la instalación por los seísmos registrados en la zona.

La diputada de EUPV Marina Albiol, antes de alcanzarse el acuerdo, ha resaltado que se tienen que depurar "responsabilidades de todo tipo", ya que considera que "las responsabilidades son compartidas entre el Misterio y el Consell, entre el PP y el Partido Socialista". Asimismo, ha exigido "el cierre definitivo y desmantelamiento del almacén y de la planta", ya que entiende que "nunca se debería de haber instalado".

El parlamentario 'popular' Mariano Castejón le ha respondido que "la declaración ambiental del Consell la otorgó el Gobierno socialista", y ha destacado que la proposición no de ley del PP "deja muy claro que la puesta en marcha de esta planta no puede ser incondicional", pero ha instado a dejar a que los expertos determinen los resultados de los estudios.

Por parte de Compromís, el diputado Josep Maria Pañella ha defendido su enmienda que, según ha indicado, "propone lo que ayer se aprobó en la Diputación de Castellón", por lo que considera que si el PP no quiere probarla es porque "está jugando al gato y al ratón". Mariano Castejón le ha respondido que las medidas puestas en marcha por el Consell son "correctas" y que la propuesta del grupo popular "va en la línea de dar seguridad a los pueblos del norte de Castellón". "responsabilidad política"

Respecto al grupo socialista, el parlamentario Francesc Signes, que ha intervenido tras alcanzarse el acuerdo unánime, ha valorado que haya habido consenso sobre este tema que, a su juicio, es "lo que la sociedad y los municipios afectados estaban esperando". Por ello, ha agradecido a todos los grupos "este ejercicio de responsabilidad política", y ha resaltado que "no hay interés económico o empresarial que esté por encima del interés de las personas".