La Fiscalía solicita 27 años y medio de cárcel para el máximo responsable del Palau de la Música, Félix Millet, y su mano derecha, Jordi Montull, por el saqueo de la institución. Entre otros, les acusa de malversación de caudales, falsedad documental, apropiación indebida y contra la Hacienda Pública. También pide otros 26 años para la exdirectora financiera de la entidad, Gemma Montull.

En su escrito de acusación, presentado este jueves, la Fiscalía Anticorrupción solicita penas de entre tres y 27 años para un total de 17 acusados. A diferencia de las acusaciones particulares, el fiscal Emilio Sánchez-Ulled sí acusa a dos exaltos cargos de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) al entender que recibió comisiones de Ferrovial a través del Palau a cambio de la adjudicación de obra pública en los gobiernos de Jordi Pujol.

Es por eso que el fiscal Emilio Sánchez-Ulled pide al juez que ordene el decomiso de 6,6 millones de euros del partido, la cifra que calcula que recibió de "comisiones ilícitas" por parte de Ferrovial. Además, solicita una pena de siete años y medio de prisión para el extesorero Daniel Osàcar, a quien acusa de tráfico de influencias y de blanqueo de capitales, y otros 18 meses de cárcel un delito de tráfico de influencias para el exdiputado de CiU y abogado Jaume Camps.

Además, el ministerio público reclama multas de 20 millones de euros a Osàcar y a los exresponsables del Palau por el blanqueo de capitales perpetrado mediante la trama de comisiones ilícitas, y de diez millones para Jaume Camps y los directivos de Ferrovial Pedro Buenaventura y Juan Elizaga, quienes afrontan una condena de cuatro años y medio de prisión.

El fiscal cree que el desvío de fondos a CDC contó también con la complicidad de la exdirectora general del Palau Rosa Garicano, para la que pide una condena de ocho años y medio de cárcel y multas que suman doce millones de euros.

Además de detallar los mecanismos por los que Millet y Montull se apropiaron de fondos públicos y privados del Palau, el fiscal describe un "entramado delictivo" para la "financiación ilícita" de CDC que los expoliadores urdieron junto a Ferrovial y cargos de la formación entre los años 1999 y 2009, a cambio de la adjudicación de obras como la Ciutat de la Justicia o la línea 9 del metro.

En opinión del fiscal, en la organización de ese mecanismo participó "como mínimo" el extesorero de CDC fallecido en 2005 Carles Torrent en "colaboración directa" con Jaume Camps, quien "aunaba todos los elementos precisos para desempeñar funciones de enlace", dado que era parlamentario de la formación nacionalista y al mismo tiempo prestaba servicios profesionales para Ferrovial.

"El sistema fue luego continuado y perfeccionado por el acusado Daniel Osàcar", añade el fiscal, que admite que, pese a que ese extremo no ha podido ser  acreditado, "la lógica apunta a que tales dirigentes debieron contar como mínimo con el asentimiento de altos responsables del partido". Esos "altos responsables" de CDC se unieron al tesorero para "ejercer el ascendente que ostentaban sobre los cargos públicos pertenecientes o afines a su formación política" con el fin de asegurar el flujo de adjudicaciones que pretendía Ferrovial, remacha Sánchez Ulled.

"Bien partiera de CDC, bien de Ferrovial la iniciativa primera, lo cierto es que el acuerdo criminal era relativamente sencillo pero demoledor", sostiene el fiscal, que cree que mediante esa trama los imputados garantizaron "un flujo constante de contratación favorable a la empresa", estabilidad que lograron gracias a que las comisiones ilícitas "se fraccionaban en el tiempo".

Ese pago de comisiones se "enmascaró", según la acusación pública, mediante convenios "mendaces" de colaboración con la Fundación Trias Fargas afín a CDC (actual Catdem), entregas en efectivo y facturación falsa a través de empresas proveedoras del Palau de la Música y de la formación nacionalista.

Según el fiscal, Millet, los Montull y Rosa Garicano deben devolver al Palau de la Música y el Orfeó Català 18 millones de euros correspondientes a "retiradas ilícitas de fondos en efectivo", de los que 9,6 millones —la mayoría cobrados en bancos en cheques al portador— "han desaparecido sin dejar rastro alguno".

El fiscal lamenta que no se ha podido determinar quién cobró esos cheques porque "de forma sorprendente hasta rozar la estupefacción dados los importes de que se trata, las entidades bancarias no han conservado la documentación justificativa".

El escrito de la Fiscalía pide también tres años de prisión para los administradores de las empresas que presuntamente emitieron las facturas falsas que permitieron el desvío de fondos a CDC y la misma pena para Raimon Bergós, abogado y exsecretario del Palau, por su participación en la facturación mendaz que hizo posible el desfalco.