20 minutos ha reunido a los implicados para preguntar: ¿Se deben retirar los símbolos religiosos de la escuela pública?
La primera en responder es la experta en Constitucional Ana Redondo: «La solución es bastante clara, lo público debería de respetar la neutralidad para que cualquiera se sienta libre». «El problema es que cuesta mucho hacer cambiar a la gente lo que ha sido su cultura desde siempre. Hay padres que no van a entender la retirada», expresa el representante de los padres católicos, Roberto Caramazana.
Mientras, Pedro Escolar, por parte de los profesores, menea la cabeza: «Lo que molesta es que quienes se oponen se lo tomen como un ataque a la libertad religiosa, esto no es ninguna cruzada. La Junta lanza balones fuera y lo deja todo en manos de un consejo escolar». En ese mismo sentido se manifiesta el denunciante, Fernando Pastor, «me siento ciudadano de segunda cuando tengo que explicar a mi hija que lo normal es lo de los demás y los raros somos nosotros. Es lesivo para ella y vulnera mis derechos».
Algo más que un mueble
«Los padres no sabemos de leyes y si la Junta lo decide, a lo mejor estamos cometiendo una injusticia, pero a mí no me dice nada un crucifijo si no creo en él y hay sitios donde se ha retirado ese ornamento», dice Caramazana. Escolar le rebate, «me parece una aberración que se trate a un crucifijo como un mueble». «Es una incoherencia asimilar la cruz a una silla, pero se utiliza como argumento para permitir que decida el consejo», insiste Redondo. «Se ha retirado de otros edificios públicos y no ha pasado nada, ahora, en el ámbito educativo, con la Iglesia hemos topado», ironiza Escolar. «También ha ocurrido lo contrario y algunos profesores han decidido quitar carteles de Semana Santa. Se confunde religión con cultura», responde Caramazana. A lo que Pastor le reprocha: «Es peligroso porque nadie puede violar mis derechos aunque sea el único español que piense así».
No es algo de mayorías
«Es un tema de derechos», dice Redondo y asiente Escolar, «y de concepción del Estado –insisten–. El Estado está separado de las religiones aunque algunas hayan tenido un peso importante, por tradición». «¿Imagináis que en un colegio católico los padres se pusieran de acuerdo para pedir la retirada? ¿Lo aceptaría el centro?», pregunta Escolar. «A la mayoría de los padres, que son católicos, si se decide por ley ni les molestaría ni les preocuparía, ante todo democracia», expresa Caramazana.
Otras religiones
«Yo no hago caso de algo en lo que no creo, a no ser que tenga de fondo discriminación contra la mujer, por ejemplo», asegura Caramazana en alusión al islamismo, a lo que Pastor le replica: «Una cosa es que se lleve algo en el cuerpo, más o menos ostensible, y otra cosa es que ese símbolo impregne a la generalidad que está presente». Ana Redondo añade que en Francia se hizo una ley de símbolos religiosos, «precisamente para que no se mostrara nada religioso en lugar público, aquí no vamos a llegar a eso, pero tenemos una Constitución muy clara».
A la pregunta sobre si se podría colgar cualquier símbolo, Pastor responde: «Eso sería multiconfesionalidad, no aconfesionalidad y unos pueden herir la sensibilidad de otros». «Yo tengo claro que a mí las cruces no me molestan, pero entiendo a quienes piden su retirada y que no tienen por qué estar ahí», dice Escolar.
En silencio
¿Y debe retirarse sólo donde se solicita?, preguntamos. «Lo que sorprende es que 30 años después estemos así, deberían haberse quitado todos hace mucho tiempo, y eso es dejación de las administraciones», exclama Redondo. Pastor profundiza: «Nadie tiene por qué manifestar sus creencias y, al solicitarlo, me estarían obligando».
¿Será un largo proceso?
«Sin querer entrar en guerra de religiones, no tengo que asumir como normal unos valores que no comparto», finaliza Pastor. Mientras que Caramazana insiste: «Yo no creo que un crucifijo haga a nadie ciudadano de segunda». «Cabe esperar que todo esto llegue al Constitucional», avisa Redondo. «Ya se pronunció el Procurador del Común, aunque no es vinculante», bromean.
Debate sobre símbolos religiosos. Profesores, expertos jurídicos y padres, católicos y laicos, estuvieron representados, Junta y Arzobispado declinaron la invitación.
Participantes
1. Ana Redondo
Profesora del departamento de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid.
2. Pedro Escolar
Portavoz del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza, STES.
3. Fernando Pastor
Padre denunciante del colegio público Macías Picavea y portavoz de la asociación Escuela Laica.
4. Roberto Caramazana
Pte. de la Confederación Católica de Padres de Alumnos, Confapacyl.
Roberto Caramazana: «Un crucifijo no hace ciudadanos de segunda». Fernando Pastor: «Aunque fuera el único en pensar así, tengo mis derechos». Pedro Escolar: «Hay que quitar hierro al asunto, no es ninguna cruzada». Ana Redondo: «Hay que pedir responsabilidad a los líderes y no cargar ese peso sobre los ciudadanos».
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