El exsecretario de Organización, Finanzas y Comunicación de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines (Fiteqa) de CCOO-A Juan Antonio Florido, a quien la juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta imputa sendos delitos de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias ha recurrido su auto de imputación y pide la suspensión de las medidas cautelares dictadas.

Fuentes cercanas al caso han indicado a Europa Press que el recurso se ha presentado este mismo lunes y en el mismo se "desmiente totalmente" tanto el presunto delito de malsversación como el de tráfico de influencias.

Para ello, según las fuentes, se ha aportado documentación, en concreto certificados de Hytasal "donde se demuestra que Florido lleva toda la vida trabajado en la empresa", y, por tanto es falso lo que dice el auto".

Asimismo, ha remitido un certificado emitido por la federación a la que pertenece Florido "clarificando que las pólizas que Florido recibió no tiene nada que ver con el caso ERE y que son pólizas legales y privadas que mandató hacer la federación en concepto de indemización cuanto fue despedido", por lo que "se desmiente la acusación de malversación".

Este recurso se ha presentado ante el juzgado número 6 y en el mismo pide que se levanten las medidas cautelares que se le ha impuesto.

Juan Antonio Florido compareció este pasado miércoles ante la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, y se limitó a ratificar la declaración prestada ante la Guardia Civil en el marco de la segunda fase de la operación 'Heracles', tras lo que quedó en libertad provisional.

En un auto dictado el mismo día de la comparecencia, consultado por Europa Press, la instructora atiende la petición de la Fiscalía Anticorrupción e impone a Florido una fianza civil de 353.353,96 euros y la obligación "absoluta" de salir de España, para lo cual acuerda que entregue el pasaporte, así como la obligación de comparecer dos veces al meses ante el juzgado.