La Audiencia Nacional revisará una por una las condenas de presos etarras que lo soliciten porque se crean afectados por el fallo del Tribunal de Estrasburgo que este lunes ha anulado la 'doctrina Parot' en el caso de la etarra Inés Del Río, es decir, no actuará de oficio sino que esperará a las peticiones.

Por lo que respecta al Supremo y al Constitucional, los efectos del fallo de Estrasburgo serán aplicados por ellos —en su caso— solo en los asuntos que tengan pendientes de recurso. Por su lado, las audiencias provinciales se ocuparán de los presos ordinarios a quienes también se aplicó la doctrina anulada este lunes.

Es decir, serán las audiencias las que se ocupen de la mayoría de los afectados, la Audiencia Nacional sobre los terroristas o miembros de organizaciones criminales y las ordinarias sobre otro tipo de presos, porque fueron ellas las que les condenaron.

En cualquier caso, tanto en el Constitucional como en el Supremo o en la Audiencia Nacional se deberán celebrar plenos en los próximos días para estudiar cómo aplicar el fallo, por lo que de momento impera la cautela al respecto.

Fuentes de la Audiencia Nacional aseguran que los terroristas que se consideren afectados por la sentencia de Estrasburgo que ha fallado a favor de Inés del Río y crean que les corresponde un cálculo más favorable de su cumplimiento de condena, deberán aguardar a que se estudie su caso.

Por lo que respecta a Del Río, que ha cumplido 26 años y 2 meses de prisión, la Sala de lo Penal de la Audiencia ha convocado un pleno para primera hora de este martes, en el que resolverá su libertad.

El Constitucional tiene 23 asuntos afectados por la doctrina Parot pendientes de resolución (bien de sentencia o bien de admisión a trámite), de los cuales 22 se refieren a presos etarras, una cifra que fuentes de este tribunal consideran que podría aumentar.

En el Supremo se estiman en cinco los recursos pendientes, alguno de los cuales tendrá una pronta resolución, como es el referido a Ignacio Pujana Alberdi, a quien la Audiencia Nacional dejó en libertad siguiendo la jurisprudencia del Constitucional, fallo contra el que recurrió el fiscal.

La Audiencia Nacional tiene 33 casos afectados por la doctrina Parot que dejó pendientes de resolución a la espera del fallo de Estrasburgo que ya se ha producido respecto a Del Río, una cifra puede aumentar.

Entre los potencialmente beneficiarios de esta nueva jurisprudencia figuran decenas de presos etarras (entre ellos, por ejemplo, Domingo Troitiño, uno de los autores de la matanza de Hipercor) y siete miembros de los Grapo, pero también decenas de otros delincuentes con tres o más condenas (por ejemplo uno de los asesinos de las niñas de Alcásser, Miguel Ricart).

En todo caso, fuentes de la Audiencia han informado de que la Sala Penal de este tribunal todavía debe estudiar el alcance de la decisión de Estrasburgo y que lo hará probablemente el próximo viernes.

También fuentes del Tribunal Constitucional han explicado que, tras conocerse el fallo de Estrasburgo, ahora corresponde estudiar la sentencia y su alcance, algo que hará cada magistrado.

Una vez conocido el alcance general o particular del fallo, el conjunto del tribunal —pero en último término su presidente Francisco Pérez de los Cobos— llevará el asunto a un pleno ordinario o a uno monográfico.

En ese pleno el Constitucional decidirá cómo modificar su jurisprudencia en función de la nueva doctrina de Estrasburgo y verá cómo aplicarla en la práctica a los casos afectados.

Otras fuentes, éstas de la Sala Segunda de lo Penal del Supremo, han informado de que los magistrados tienen previsto celebrar un pleno para revisar su doctrina en los próximos días, una vez hayan estudiado el pronunciamiento de Estrasburgo.

El Tribunal de Derechos Humanos ha dictaminado que España vulneró el artículo 5.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (Derecho a la libertad y a la seguridad) y el artículo 7 (No hay pena sin ley) en el caso de Del Río. El fallo sólo hace referencia a ella y no menciona al resto de 76 presos cuyo encarcelamiento se ha prolongado por aplicación de la 'doctrina Parot'.