Profesor de Derecho en la UCAM considera que decisión de Estrasburgo es una aplicación "muy estricta"

El profesor de Derecho de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), Diego Manzanares, considera que la decisión de Estrasburgo, que ha tumbado finalmente la 'doctrina Parot', es una aplicación "muy estricta" de la legislación existente y, lamentablemente "no se ha tenido en cuenta la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo".

El profesor de Derecho de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), Diego Manzanares, considera que la decisión de Estrasburgo, que ha tumbado finalmente la 'doctrina Parot', es una aplicación "muy estricta" de la legislación existente y, lamentablemente "no se ha tenido en cuenta la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo".

"Supone volver a la doctrina que mantenía el Tribunal Supremo hasta el año 97 en cuanto a la aplicación de los beneficios penitenciarios y al cómputo que se hacía de las distintas condenas como una pena única", ha explicado en declaraciones a Europa Press.

Además, ha añadido Manzanares, "supone que los beneficios se apliquen igual a quien ha cometido un asesinato que a quien ha cometido muchos".

A su juicio, parece que "no es lo más correcto" y que "quizás se ha atendido más a la supuesta retroactividad de la norma haciendo referencia al Código 73 cuando simplemente ha sido una interpretación jurisprudencial del cómputo de estos jueces".

Desde luego, ha proseguido, "tiene consecuencias inmediatas", y, en su opinión, es un fallo "que se deje en libertad al solicitante del amparo a la mayor brevedad posible". Tras lo que ha advertido que al caso de la miembro de ETA Inés del Río podrían sucederse otros tanto.

En concreto, la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), por quince votos a favor y siete en contra, insiste en que alargar el encarcelamiento de Inés del Río es una violación del principio internacional de que los cambios retroactivos no pueden aplicarse en contra del reo y condena a España por detención ilegal de la etarra y ordena a indemnizarle con otros 30.000 euros.

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